No solo la vía judicial está buscando el empresario Nicolás Ibáñez para revertir la decisión del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, de anular el permiso de construcción del proyecto inmobiliario Pümpin ubicado en el tradicional barrio O’Higgins de la ciudad puerto.
A los recursos de ilegalidad y de protección que la firma que impulsa la iniciativa presentó ante la Corte de Apelaciones local, Inmobiliaria del Puerto, la firma a cargo de la iniciativa y ligada a los hermanos Nicolás y Felipe Ibáñez, no pierde la esperanza de solucionar esta situación por la vía del diálogo.
Por esta razón, comenta el gerente general de la inmobiliaria, Rafael Burmester, han intentado sentarse a conversar con el edil aunque estas peticiones no han tenido eco.
Al menos en dos ocasiones la empresa ha solicitado audiencia con el jefe comunal las que no fueron acogidas, “supongo que por problemas de agenda” sugiere el ejecutivo.
La intención de la empresa es tender un diálogo con el edil, para que conozca los detalles del proyecto, cuya inversión es de US$ 84 millones, y a su vez, si existen reparos técnicos de su parte poder analizar como se podría mejorar.
“No sólo es un proyecto inmobiliario que construye departamentos sino que entrega muchas áreas verdes al espacio público. De forma libre y voluntaria, generamos un mejoramiento de la conectividad del entorno, tiene muchas cosas positivas para el barrio que creo el alcalde no conoce. Como en todas las cosas hay que dialogar y así como él puede tener ciertas aprensiones, se puede ver cuáles son y ver cómo poder mejorarlas”, comentó.
Pese a las intenciones, la vía judicial también era una opción para la empresa “claramente hay dos caminos paralelos, buscar una mesa de conversación con el alcalde o con quienes quieran sentarse a conversar con nosotros para recoger inquietudes y también estamos haciendo lo correspondiente en tribunales para procurar que se cumpla el estado de derecho”, advirtió.
Para Burmester una ventaja de la iniciativa que considera 22 edificios de distintas alturas (713 departamentos) es que ocupa sólo el 15% del terreno de once hectáreas donde se emplaza.
El ejecutivo aclaró que el proyecto donde ya han invertido US$ 14,7 millones y tiene dos años de atraso, está detenido mientras se avanza en otra vía administrativa.
“Se está consultando a la Dirección de Obras y a la Seremi de Vivienda, porque hay que aclarar ciertos puntos respecto del cuál es el impacto que tiene el decreto que firmó el alcalde y si no tiene eficacia respecto a la anulación del permiso, nosotros podremos seguir construyendo”, puntualizó.
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