Los problemas que enfrenta el suministro de agua potable en algunas zonas de la región de Atacama dio un importante paso para resolverse.
Esto porque la estatal Econssa adjudicó al consorcio conformado por la española Inima y la nacional Claro Vicuña Valenzuela la construcción de una planta desalinizadora de agua de mar que implicará una inversión de US$ 73 millones.
Al concurso, que incluye la realización de la ingeniería, la construcción y puesta en marcha de la unidad, se habían presentado cinco ofertas. De este modo, el consorcio chileno-español venció a firmas como Acciona, la unión de Aqualia–Besalco-FCC Construcción, Técnicas Reunidas–Initec y al de Sadyt–Sacyr–Valoriza Agua.
“Con esto, estamos dando un importante paso que nos permitirá garantizar el suministro de agua potable de calidad, para el 70% de la población de Atacama, frente a la escasez hídrica que por años afecta a la región. También garantizará el suministro frente a la ocurrencia de eventos climáticos de emergencia”, dijo la intendenta de Atacama, Alexandra Núñez Sorich.
El gerente general de Econssa, Patricio Herrera, agregó que “estamos muy satisfechos con el proceso, porque participaron empresas de nivel internacional, expertas y con ofertas muy competitivas”.
La empresa señaló que “es un orgullo haber sido escogido junto a su socio GS Inima Environment para materializar esta emblemática obra para la Región de Atacama, y es una señal de la confianza que hemos construido en nuestros 60 años de trayectoria. Con la construcción de la planta desalinizadora continuaremos aportando al desarrollo de las regiones, del país y especialmente mejorando la calidad de vida de las personas”, manifiesta el gerente general, Roberto Verastegui.
La adjudicataria tendrá un plazo de 27 meses para materializar el proyecto. “Dispondrá de tres meses para preparar el inicio de las obras y de 2 años para la construcción de la planta, la que debiera estar operando, a más tardar, a principios del año 2020”, agregó Herrera.
La construcción de la planta se ejecutará en tres etapas, las que una vez terminadas permitirán una capacidad máxima final de 1.200 litros por segundo (L/s) de agua tratada. El Estado financiará la ejecución de la primera parte de la planta desalinizadora.
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