Un estudio de Deloitte estimó entre 3.000 millones de euros y 4.000 millones de euros el riesgo legal al que está expuesto el grupo Santander tras haber rescatado al Banco Popular en apenas un euro y que significó la pérdida de la inversión de un gran número de inversionistas, entre ellos el grupo Luksic.
El informe de valoración con el que la Junta Única de Resolución y la Comisión Europea aprobaron la decisión de vender el banco por 1 euro, arrojó una valoración económica negativa de -2.000 millones de euros y de -8.200 millones de euros en un escenario con condiciones adversas.
En la práctica esto quiere decir que un comprador solo aceptaría quedarse con Banco Popular si le pagaran al menos 2.000 millones de euros.
Según fuentes comunitarias que han tenido acceso al documento, esa valoración trata de determinar cuánto pagaría un potencial comprador en ese momento. Éste es un concepto distinto a cuánto vale el banco operando de forma independiente.
El informe tuvo en cuenta cuatro aspectos básicos: las provisiones necesarias, los riesgos legales, el impacto de la ruptura de acuerdos comerciales y otros contratos, y la necesidad de capital para igualar el capital del potencial comprador. Esta forma de valorar la entidad tiene en cuenta conceptos que deprecian significativamente el valor del banco para un potencial comprador. Y entre ellos se encuentran los riesgos legales.
Allí se contabiliza la factura potencial derivada de las demandas de los accionistas que participaron en la ampliación de capital ejecutada por Banco Popular en 2016, pero también los relativos a la colocación de deuda subordinada, tanto los 450 millones de euros colocados a través de la red de sucursales a inversores minoristas, como las colocadas entre inversores institucionales.
Pero también hay otros factores que hunden la valoración del Popular. Según estas fuentes, los dos bancos que firmaron el acuerdo de confidencialidad para poder realizar una oferta sobre Banco Popular habrían necesitado 5.000 millones de euros adicionales para provisionar la cartera de créditos morosos de la entidad y alinearla así con sus propios niveles de cobertura de su cartera de morosos.
Según fuentes del Ministerio de Economía, se trataba de Santander, que finalmente se quedó con Popular, y de BBVA, que puso una oferta encima de la mesa.
Otra de las partidas que el informe tiene en cuenta es la de los costes de cancelación de contratos derivados de la fusión. Aquí se incluyen todas aquellas compensaciones que el comprador tendría que pagar para cancelar contratos con proveedores de servicios financieros de marca blanca, los de bancaseguros, los servicios de leasing o alquileres de inmuebles que ya no fuesen a ser necesarios. Este concepto sumaría, según el informe de Deloitte unos 500 millones de euros.
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