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Publicado: Viernes 12 de febrero de 2016 a las 04:00 hrs.
Después de más de un mes, y luego que Tamara Agnic terminara por renunciar a la Superintendencia de Pensiones (SP), la Contraloría General de la República respondió a la solicitud de reconsiderar el oficio que calificó la fusión Cuprum-Argentum como “impracticable”.
Tras aclarar que en el dictamen en cuestión “no se acreditó el cumplimiento de las exigencias que al efecto fija el legislador”, consignó que en este caso “no se aportan antecedentes de hecho o de derecho que no se hayan considerado” en el oficio de primera instancia.
No obstante, precisó que en lo que atañe a su competencia para fiscalizar a la SP, “le corresponde, entre otras atribuciones, ejercer el control de la legalidad de los actos de la administración del Estado”.
De este modo, la Contraloría añadió que procede ratificar que “al emitir el dictamen objeto del presente oficio, actuó en el ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras que constitucional y legalmente tiene”.
Y en ese contexto, afirmó que “a diferencia de lo entendido por los recurrentes, el pronunciamiento cuestionado se pronunció sobre la legalidad de las actuaciones administrativas involucradas, sin extenderse a aspectos de orden técnico”.
Esto es, que “se determinó que la fusión de las administradoras de fondos de pensiones de que se trataba, no daba cumplimiento al supuesto requerido por el artículo 99 de la ley N° 18.046”.
Finalmente, la Contraloría advirtió que “solo se limitó a aludir al carácter impugnable judicialmente de esos actos”.
Esto porque “el ejercicio de la potestad invalidatoria corresponde a la Administración activa y no a esta Contraloría General”.
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