Con velocidad avanza la moción parlamentaria impulsada por los senadores Manuel José Ossandon, Eugenio Tuma y Lily Pérez que busca limitar la responsabilidad de los usuarios de plásticos por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, pues luego de ser aprobado en general en la comisión de Economía de la Cámara Alta, ahora se encuentra en la sala del Senado. Instancia, donde los demás parlamentarios pueden hacer comentarios al respecto.
A pesar de las críticas que ha recibido el proyecto por parte de la industria financiera al considerar que la responsabilidad recae entre todos actores de la cadena de pago y no sólo en el emisor, el Poder Judicial tiene otra visión.
Desde 2015 han emanado desde la Corte de Apelaciones de Santiago tres fallos sobre esta materia, los cual han dicho que son los emisores de tarjetas de crédito quienes deben cargar con la prueba referente a los delitos asociados al uso del plástico y no los usuarios.
Además, los emisores deben hacerse cargo total de la seguridad de las operaciones que se desarrollan ante actitudes sospechosas en el uso de las tarjetas.
Asimismo, el principal tribunal de alzada del país esgrime que las compañías financieras ante hechos delictuales denunciados por sus clientes, no deben persistir en el cobro de los montos a los afectados.
También, exhorta a que las compañías financieras no publiquen la morosidad de los afectados, considerándolo como una acción que acrecienta el perjuicio contra los usuarios que han sido víctimas de fraudes, clonaciones, robos y hurtos.
Cabe recordar que si bien en Chile las sentencias de los tribunales de justicia tienen un carácter particular al caso, de alguna manera sienta jurisprudencia frente a situaciones similares.
Los casos al alza
En el último ranking del mercado financiero elaborado por el Sernac, se detalla que los reclamos contra la banca en el cual el consumidor no reconoce una transacción por clonación o suplementación registrada al segundo semestre de 2016 acaparan el 18,2% de los reclamos contra los bancos. En el caso del retail financiero, esta cifra es un poco más baja y llega hasta el 7,43%.
A junio de este año el Sernac ha recibido 1.244 reclamos contra la industria financiera relacionados con la clonación de los plásticos de crédito y débito, de los cuales sólo el 39,6% se respondió favorablemente al afectado.
En lo que va del año, la institución dirigida por Ernesto Muñoz ha interpuesto 17 denuncias en contra de las compañías financieras por infringir la ley en materia de seguridad de productos, deber de profesionalidad y negligencia en la prestación de sus servicios.
¿Cómo lo hacen otros países?
La polémica por este proyecto ha levantado las alarmas entre la banca y el retail financiero debido a que los costos de las políticas de riesgos podrían aumentar de concretarse la iniciativa.
No obstante, en otros países como en Reino Unido, el usuario es responsable de las operaciones fraudulentas hasta 50 libras esterlinas, sólo en el caso de no haber notificado extravío, hurto o robo de la tarjeta.
En España, existe un marco legal similar al británico en cuanto hace responsable al emisor de todas las operaciones no autorizadas por el cliente, y lo obliga a restituir los montos defraudados al usuario en caso de haber sido informado por el afectado del hecho.
A nivel latinoamericano, en Perú se reconoce que el usuario no podrá ser tomado como responsable de las transacciones que no ha autorizado y explícita que opera de la misma forma cuando las tarjetas hayan sido clonadas.
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