Un rápido paso por Contraloría podrían tener las bases de licitación del Transantiago si se cumplen los plazos con los que trabaja el gobierno y que fueron informados ayer a senadores de la Comisión de Transportes de la Cámara Alta y que proyectan tener hacia julio el visto bueno del fiscalizador.
Un tema que está claro es que los plazos con los que se trabaja para hacer todo el concurso de búsqueda de nuevos operadores, equivalentes al 50% del sistema, son ajustados, por lo que el Ministerio de Transportes ya tiene claro que será necesario extender los contratos vigentes de cuatro empresas para calzar con los actores entrantes.
“La normativa contempla distintos mecanismos de ajuste para calzar un proceso de licitación con otro, de modo que todo se hará en conformidad con la normativa vigente”, señaló la ministra de Transportes, Paola Tapia.
Alsacia, Express Santiago Uno, Redbus y STP son lasgunos de los que se les extiendan unos meses sus contratos, ya que éstos vencen en 2018.
“Si en teoría, un adjudicatario nuevo gana la licitación en el mes de febrero del 2018, tiene que haber un plazo suficiente para que puedan adquirir e importar los buses”, dijo el senador Andrés Allamand.
Esto, en el caso de que los plazos del Ministerio de Transporte no sufran retrasos. El primer hito será el inicio de la licitación el segundo semestre para adjudicar en febrero. Sin embargo, todo depende de lo que demore en la toma de razón la Contraloría, después que recibiera el documento recién el 2 de junio.
En el primer proceso de licitación del Transantiago en 2005, las bases fueron analizadas durante 20 meses por el órgano que hoy dirige Jorge Bermúdez.
De todos modos, no hay claridad aún de cuánto costará extender los contratos involucrados, para no poner en riesgo la continuidad del servicio de estas empresas.
Además, de concretarse esta opción, un factor a considerar será el arribo del nuevo gobierno en marzo del próximo año. En el escenario que la adjudicación no estuviera lista en febrero, la decisión de la prórroga de los contratos recaería en la nueva administración.
Capital inicial de las empresas
Pese a que aún no se conoce el detalle de las bases que analiza el órgano contralor, trascendió que el documento dejaría abierta la posibilidad que los accionistas de las empresas operadoras que se encuentran en situación de insolvencia y reorganización judicial puedan competir, aunque para ello deberá constituir una nueva sociedad.
Esto, porque todos quienes postulen deben disponer de un capital de US$ 8,1 millones (200 mil UF) para cobro inmediato al momento de la adjudicación. Además, el postulante debe constituir una póliza de garantía de fiel cumplimiento de US$ 4 millones (100 mil UF).
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