La guerra está declarada. Finalmente los controladores de dos de las empresas operadoras del Transantiago, Alsacia y Express Santiago Uno, recurrieron la semana pasada al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) para demandar al Estado de Chile por incumplimiento de los contratos de concesión de operación para las Unidades 1 y 4 del sistema de transportes.
La disputa, que se inició hace aproximadamente un año, vio algunos acercamientos entre los hermanos Carlos y Javier Ríos Velilla, dueños de la sociedad Global Public System -controladoras del 99% de ambas concesionarias-, y la Cancillería en la instancia de buenos oficios que se extendió por 180 días y, que finalmente culminó en marzo pasado sin acuerdo.
Consultada la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) sobre la demanda precisaron que “el Estado de Chile ha mantenido un constante diálogo con las empresas y, reflejo de su actuar de buena fe, ha sostenido numerosas reuniones con ellos y sus representantes, con miras a la resolución amistosa de las diferencias planteadas”, dijo el organismo.
Según trascendió la oficina fue notificada de la acción arbitral esta semana para lo cual ya iniciaron la búsqueda de un abogado que los represente ante el tribunal internacional. Una de las opciones que el Estado está evaluando es la contratación de un estudio jurídico local debido a las particularidades del sistema de transporte doméstico.
En tanto, los hermanos Ríos contrataron al estudio Dechert LLP con sede en París, New York y más de 30 países, entre ellos, Brasil para su cobertura de Latinoamérica.
Las empresas, que operan un 30% de la flota del sistema y concentran un 17,3% de las transacciones, han reclamado permanentemente un desequilibrio económico estructural del sistema que los ha llevado a incumplir el pago de sus compromisos, especialmente a sus tenedores de bonos con quienes suscribieron una deuda en el mercado norteamericano por US$ 461 millones en 2011.
La compañía pagó inicialmente las tres primeras cuotas de la deuda quedando un remanente de unos US$ 360 millones.
Según han argumentado, el gobierno a través del ministerio de Transportes ha incumplido reiteradamente los contratos suscritos, situación que los arrastró a una precaria situación financiera.
De hecho, previo a esta instancia solicitaron una reorganización concursal en tribunales civiles y pese a que éstos rechazaron en dos oportunidades tramitar el proceso, en el caso de Alsacia, se espera que la próxima semana, la operadora de la Unidad 1 reingrese su solicitud.
Incumplimientos
Según han acusado las operadoras colombianas uno de los grandes problemas de los contratos fue la sobrestimación de la demanda de ingresos de la concesión, los que no se ajustaron a la realidad.
También han argumentado que los programas de operación diseñados eran imposibles de cumplir, dado que la flota necesaria para su operación fue mayor a la contratada por la autoridad, acusando la falta de unos 50 buses para cubrir su zona de concesión. Lo anterior gatilló que la compañía registrara bajos indicadores en sus planes de cumplimiento, afectando sus ingresos con las multas impuestas.
En cuanto a los índices de frecuencias ambas firmas apenas superan el mínimo exigido de 90% y, en materia de regularidad están levemente por debajo del 80% requerido para el sistema.
A esto se sumaría la expropiación de algunos servicios y la negativa de la autoridad para renovar la flota, que según las firmas ha sido solicitado en varias oportunidades.
Otro punto que han cuestionado es la falta de infraestructura comprometida por el gobierno y la alta evasión. La autoridad, en cambio, en varias oportunidades ha acusado a las empresas de mala gestión, considerando que son las que cuentan con el más alto pago por pasajero transportado de todo el sistema.
LLAMADO A LICITACIÓN VERSUS EXTENSIÓN DE CONTRATO
A toda velocidad, a fines de la semana pasada, el Ministerio de Transportes ingresó a Contraloría las bases de licitación del Transantiago, esto con el fin de evitar la extensión de los contratos a las actuales operadores. Dos de las cuatro unidades de negocios a licitar son de Alsacia y Express y que funcionan en la Alameda, entre otras avenidas. Según los propios cálculos de la autoridad, postergar las cuatro unidades traería sobrecostos para el Estado por sobre los US$ 3.000 millones.
Sin embargo, una de las dificultades que se mantienen para el concurso son los plazos con que cuenta la autoridad. Según estiman, el MTT espera dejar listo el llamado a licitación antes del fin del gobierno. Pero si la Contraloría extiende su periodo de análisis, difícilmente se cumplirá con ello, por lo que tendrán que extender la concesión a Alsacia y Express por al menos 18 meses. En el gobierno están conscientes del riesgo por lo que han realizado gestiones para agilizar el trámite de las bases.
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