Tal como se contemplaba en la reestructuración judicial de Subus aprobada en septiembre pasado, el gobierno, en el marco de la revisión excepcional de contratos, envió su oferta el 30 de noviembre pasado.
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, no quiso confirmar ninguna cifra debido a que es una propuesta. “Esta es una oferta al concesionario, y ahora hay un proceso entre el concesionario y los acreedores”, explicó, destacando que no conoce si existe algún plazo para que éstos aprueben o no lo ofrecido.
En todo caso, el interventor Enrique Ortiz D’Amico y la administración de la operadora estuvieron ayer analizando profundamente la oferta, y la junta de acreedores donde ésta se votará se realizará hoy a las 12 horas.
La propuesta tiene que ver con algunos cambios que son externos a la empresa y la afectan, sostuvo el ministro, “como la declaración de la conducción como trabajo pesado, y también la entrada en operación del tren Nos-Santiago”.
“Yo llamaría a la calma ya que toda nuestra legislación laboral y también la de quiebra le da primera prioridad a los trabajadores, así que no tienen de qué preocuparse”, añadió Gómez-Lobo.
¿Cuáles son las perspectivas?
Trascendió que la cifra ofertada por el gobierno está entorno a los $ 38 mil millones para los cuatro años que quedan de concesión, esto es unos $ 9,5 mil millones anuales. Aunque existe también la idea de que el ministerio vaya a traspasar $ 11 mil millones en el primer año, representando $ 1.500 millones adicionales por los cambios al trabajo pesado, lo que es retroactivo a noviembre de 2015.
Según fuentes involucradas en el proceso, también podría haberse bajado la preponderancia del pago por pasajero transportados, y aumentado la correspondiente a los kilómetros recorridos.
En ese contexto, las perspectivas se inclinan más a que los acreedores aprobarán la propuesta.
La única duda sobre la mesa es si basta con el respaldo de los acreedores, o la administración de la operadora también deberán votar.
Propuesta de pago
La operadora adeuda unos US$ 170 millones. Para los acreedores con garantías hipotecarias y/o prendarias, se contemplan amortizaciones programadas de seis cuotas anuales desde 2017 a 2020. En el caso de proveedores con créditos inferiores a US$ 1 millón, se seguirá pagando en forma normal, respecto de la nueva facturación, a través de tres cuotas en 2017. Al resto se le pagará de igual forma que a los con garantías hipotecarias y/o prendarias.
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