“Ellos están equivocados en su planteamiento”.
Así reaccionó ayer el senador DC Jorge Pizarro a la declaración pública en que las seis ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) acusaron una intencionalidad expropiatoria tras el proyecto de ley que busca reformar la Constitución en lo relativo al tratamiento de los derechos de agua.
El congresista, que integra la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta, explicó que en el sector privado “no tienen de qué preocuparse”.
Lo anterior, porque la iniciativa legal actualmente en trámite, que agrupa nueve de las 19 mociones de cambios a la carta magna en esta materia que presentaban distintos grados de avance en el Congreso, no incluye la propuesta de las senadoras Isabel Allende y Adriana Muñoz de eliminar el inciso del artículo 19 que quitaba la propiedad respecto de los derechos una vez que estos son constituidos.
“No se aprobó la modificación referente al derecho de propiedad establecido en la Constitución de manera que todos quienes tienen hoy sus derechos entregados y vigentes no tienen ningún problema y no tienen de qué preocuparse porque mantendrán esa propiedad”, dijo Pizarro.
Añadió que dado que la moción de sus pares colocaba en riesgo la certeza jurídica de todos los derechos y concesiones que se habían entregado es que él mismo se opuso a que fuese incluido en la propuesta, cuyo debate -planteó- “se está iniciando”, ya que la propuesta aprobada en su comisión aún debe pasar por los grupos de Constitución y seguramente por otras comisiones, como la de Agricultura.
Precisamente por lo anterior el senador DC dijo no entender por qué la CPC hizo un cuestionamiento tan duro considerando, añadió, que en la misma declaración reconocen que es fundamental tener regulaciones sectoriales en esta materia, haciendo alusión a la modificación al Código de Aguas.
El senador Pizarro comentó que la reforma en trámite persigue subir desde el Código de Aguas a la Constitución el carácter de bien de uso público del agua, fijando también en este nivel prioridad en el uso de este recurso para abastecimiento humano, para el agro y sanitario.
Hizo alusión a que el proyecto sólo establece que a futuro “en los pocos derechos de agua que aún no han sido entregados a privados y entidades, se establece temporalidad del derecho y la justificación del uso del recurso. Es lo mismo que se hizo en la ley de pesca en relación a las cuotas”, apuntó.
Nada en tabla
A la declaración de la CPC ayer se sumó un grupo de gremios y asociaciones agrícolas, liderados por la Sociedad Nacional de Agricultura, que acusaron de utilizar las nueve mociones de manera acomodaticia para “permitir la expropiación para el Estado de todos los derechos de agua existentes en el país”, lo que afectaría -dijeron- con mayor fuerza a los pequeños y medianos campesinos y agricultores que son la inmensa mayoría.
Trascendió que la declaración pública de la CPC respondió a la posibilidad de que hoy las senadoras Allende y Muñoz informaran a la Sala sobre esta iniciativa, aunque finalmente en la tabla de hoy dicha solicitud no figuraba, lo que fue interpretado como una reacción al pronunciamiento del empresariado.
Especialistas en la materia destacaron el hecho de que el Ejecutivo no haya hecho hasta ahora mención a la necesidad de que este proyecto cuente con su patrocinio ya que aborda atribuciones de la Dirección General de Aguas a la hora de otorgar derechos de aprovechamiento de aguas.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Agua
