Con la aprobación del 100% de sus acreedores garantizados y el 92% de los valistas, la empresa Andacor -que desarrolla los centros de ski de Farellones, El Colorado, Volcán Osorno y Pillán en Villarrica- logró sacar adelante su plan de reorganización.
Con esta reestructuración financiera, aprobada este miércoles 26 de junio ante el 20 Juzgado Civil de Santiago- se abre la alternativa para que un nuevo operador tome el control de la compañía, la que es asesorada por el Estudio Nelson Contador Abogados & Consultores.
El pasado 10 de junio, la misma sociedad Andacor informó al regulador que recibió una carta de intención no vinculante enviada por Mountain Capital Partners, por medio de la cual esta sociedad manifestó su interés en realizar un aporte de capital en la firma chilena por hasta $ 6 mil millones (teniendo como base una valorización de la empresa de $ 8 mil millones), para transformarse de esta manera en accionista controlador.
El proceso de reorganización partió a principios de este año, y logró reestructurar pasivos por unos $ 15.600 millones. Los principales acreedores son Banco de Chile, Del Estado y Santander, además de Asesoría e Inversiones Barolo Ltda.
Un mes antes, la empresa con sede en Durango, Colorado -y que posee 14 centros de esquí en distintos países- había cerrado el acuerdo para comprar La Parva a Leonidas Vial. Y, en enero de 2023, el fondo de inversión ya había adquirido Valle Nevado.
Entre Valle Nevado y La Parva, el fondo suma 2.023 hectáreas, con más de 80 pistas y 30 andariveles, a lo que, eventualmente, podría sumar los activos de Andacor en caso de concretar su ingreso como controlador.
Los acuerdos
El proceso de reorganización de Andacor partió a principios de este año, en medio de una difícil relación entre la parte minoritaria y mayoritaria, esta última en manos de los hermanos Richard y Anita Leatherbee Gazitúa. Esto, porque parte importante de los pasivos que forzaron a la sociedad a acudir a un proceso judicial para evitar la quiebra vienen de créditos con partes relacionadas.
“La solicitud se fundamenta en la delicada situación financiera de la sociedad, el flujo de caja proyectado, y la incapacidad de concretar el financiamiento propuesto a consideración de la Junta de Accionistas el pasado 30 de enero de 2024”, justificó la sociedad ante la justicia.
Finalmente, la empresa logró su reestructuración con un pasivo por unos $ 15.600 millones, de lo cual poco más de $ 6.100 millones es sin considerar a personas relacionadas. Los principales acreedores son Banco de Chile, Asesoría e Inversiones Barolo Limitada (ligada a la familia Solari Donaggio, uno de los controladores de Falabella), además de los bancos Del Estado y Santander.
Este es el segundo procedimiento de reorganización, después de Frutícola Chisa, donde se utilizó en el país el denominado DIP Chileno, donde terceros inyectan recursos a la empresa para que mantenga su desarrollo operacional, similar a los financiamientos que se dan bajo el amparo del Capítulo 11 de la Ley de Insolvencia estadounidense; en este caso, el financista obtiene una garantía de pago preferente de carácter legal, por sobre todos los acreedores, incluyendo a los trabajadores y al Fisco.
Así, la sociedad Asesorías e Inversiones Barolo Limitada otorgó un financiamiento hasta por $ 3.000 millones, habiendo sido utilizados a la fecha aproximadamente $ 2.500 millones.
Además, la propuesta aprobada considera un período de gracia hasta julio de 2025 para el pago de capital e intereses, junto con amortizaciones extraordinarias obligatorias, producto neto de las ventas de las unidades del proyecto inmobiliario de la filial Inmobiliaria Gran Parador SpA, y 70% de la venta de cualquier inmueble de Andacor o sus filiales.
Junto a esto, se visó que el acuerdo dejará de estar vigente, y se entenderá cumplido cuando se concrete el pago del total de la deuda reorganizada, y que la ocurrencia del evento de alzamiento ocurrirá en caso de que se materialice el ingreso de un nuevo accionista a la propiedad de Andacor, el que proceda a suscribir y pagar nuevas acciones emitidas por ésta por un monto mínimo de $ 3.000 millones.
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