Consenso existe entre el mundo político y técnico ante el anuncio de postergación del envío de las bases de licitación del Transantiago a la Contraloría con el fin de analizar la propuesta de licitación que debería entrar a regir en octubre de 2018.
Tal como explicó la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, el análisis que espera liderar en esta etapa buscar visualizar los riesgos a los que se expone el sistema en el corto y el largo plazo. “Creemos que es un plazo razonable para revisar las bases de licitación que hoy día existen y, en ese contexto, vamos a informar a la ciudadanía, vamos a reunirnos con expertos y vamos a abordar este tema con miras al mediano y largo plazo”, aclaró, precisando que van a incorporar en este análisis los servicios complementarios y los terminales.
Por su parte, el senador Andrés Allamand (RN) -que ha participado intensamente en este debate- considera que el lapso planteado para el análisis es muy corto. “Todo el proceso está definitivamente atrasado, no hay ninguna posibilidad de presentar las bases a fines de marzo, como era el compromiso original, ya que el conjunto de observaciones y sus fundamentos lo hace inviable. Creo que tampoco se va a alcanzar a redactar las bases antes del fin de abril como se ha comprometido”, advierte.
El senador por Santiago, además, espera que haya una conversación distinta con la actual ministra. “Tengo la mejor disposición a encontrar soluciones razonables pero hasta ahora ha sido imposible por la ineptitud del ministerio. Pero hago una diferencia entre la pésima gestión de Gómez Lobo y la que está iniciando la ministra Tapia”, precisa.
Allamand señaló, además, que las nuevas bases no abordan los efectos producto de la evasión ni los mayores costos. “No se consideran los recursos adicionales que se requieren, de hecho la línea 3 y 6 del metro significaría una disminución de buses, sin embargo se aumentó en 436 buses”.
En tanto, el senador Juan Pablo Letelier (PS) sólo se limitó a respaldar la postergación del envío de las nuevas a la Contraloría, por lo que invitaron a la ministra Tapia a tener un debate para lograr mejoras al sistema. “Nos parece muy relevante evaluar el diseño actual y cómo se va a enfrentar las nuevas bases, y cómo se va a evitar que entren empresas extranjeras con mala operación, adicionalmente se han conversado temas como la asignación de las zonas pagas, entre otros. Hay que conocer más y me parece prudente y útil la decisión de la ministra... es entendible que quiera involucrarse más” aclaró.
Mayores costos
Con todo, la ministra Tapia precisó que aún está evaluando el modelamiento financiero junto con Hacienda, ya que todavía no hay una percepción real del déficit.
Sin embargo expertos y técnicos, que respaldaron la postergación del envío de las bases y de la licitación, ven con dificultad que los mayores costos del sistema puedan alinearse al subsidio que se entrega actualmente. Según el experto Louis de Grange de la UDP se estima que la nuevas bases de licitación podrían incrementar en un 10% los costos. “Hay más flota de buses, se les exige una antigüedad menor y al menos 1 recorrido cero emisión, todo lo cual es mucho más caro”, agrega.
Por su parte, Rodrigo Troncoso, investigador de LyD, dice que aún es pronto para un proyección de costos pero afirma que los recursos entregado por la Ley del Subsidio al Transporte, que inyecta unos US$ 700 millones anualmente al sistema, ya opera al límite, “la ley establece un máximo y se puede exceder a lo más en un 10%”, explica.
Taxistas demandan a Cabify, Easy Taxi y Uber en TDLC
Ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) llegó el Sindicato de Trabajadores Independientes Chile Taxis, con la representación de Enrique Logan, para interponer una demanda por "infracción a la libre competencia" en contra de Cabify -representada por Agustín Guilisasti Urrutia-, Uber Chile -representada por Matías Zegers Ruiz Tagle-, y Easytaxi, representado por José María Eyzaguirre Baeza.
La demanda se interpuso por "competencia desleal en contexto de alcanzar, mantener o incrementar posición de mercado dominante" de parte de estas plataformas. El sindicato pide en su demanda "que se aclare que los demandados no son empresas de rubro informático, plataforma tecnológica o aplicaciones de móviles, sino que son empresas de giro transporte remunerado de pasajeros". Además, piden modificar los estatutos sociales de Cabify, Easytaxi y Uber, y que se incluya en ellos "transporte remunerado de pasajeros", lo que, argumentan, llevaría a que se sometieran a la fiscalización del Ministerio de Transportes, "ya no como aplicación virtual, sino que como empresa de transportes propiamente tal".
El Ministro Enrique Vergara Vial se inhabilitó de intervenir en la causa.
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