La revisión de los estados financieros de la isapre Masvida para comprobar o descartar inconsistencias en los datos que estos contienen es una de las últimas acciones que el superintendente de salud, Sebastián Pavlovic, tiene previsto adoptar.
Esto porque tras analizar el contenido de las cartas en las que Southern Cross oficializó el fin de las conversaciones con la aseguradora, especialmente en lo relativo a las diferencias que el fondo de inversión dice haber advertido en la forma de contabilizar los costos médicos y cómo ello impactaba en el resultado operacional de la empresa.
“Probablemente tendremos que revisarlo para, eventualmente, iniciar un procedimiento para ver la veracidad de eso, porque si es delito, si se verifica, si ha habido falseamiento de información para el regulador o para el mercado, entiendo que tiene consecuencias”, dijo.
Pavlovic defendió el actuar de la entidad frente a críticas del sector que apuntan a una actuación tardía, dada la magnitud de la crisis de la Isapre.
“Alguien podría decir que si no hubiéramos liberado garantías en agosto y en septiembre, los indicadores habrían reventado en ese momento y la super habría intervenido, pero nos pareció que lo razonable era asegurar el pago de acreedores, la continuidad del servicio y, en el fondo, ver si con las medidas que ellos estaban adoptando, eran capaces de revertir la situación”, sostuvo.
Añade que para asegurar que esta intención se cumpliera adoptaron la medida inédita de cortar el flujo a entidades relacionadas.
“Si no le hubiesen liberado las garantías a Masvida, habríamos adelantado esta situación seis u ocho meses y lo que buscábamos es que la Isapre fuera revirtiendo su situación”. Y añadió que en cierto modo, la aseguradora hoy día “está más ordenada”.
Pavlovic dijo que esperan la entrega de los Estados Financieros auditados al cierre de 2016, que la empresa entregaría en marzo, pues ello podría marcar alguna diferencia respecto de lo que ahora conocen.
En lo relativo a las facultades de la superintendencia, insistió en que lo que a ellos les corresponde es verificar que las isapres cumplan con los indicadores fijados en la ley y no definir su modelo de negocios.
“No nos corresponde juzgar decisiones comerciales. Tal vez esto revele una precariedad normativa que quizás haya que revisar. No lo descarto”, aseguró, aclarando que ese proceso debiera incluir la relación entre estas firmas y sus empresas relacionadas.
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