Un completo análisis legal de las implicancias que desencadenará la decisión del eventual traspaso de la cartera de isapre Masvida está haciendo el interventor Robert Rivas, con el fin de blindarse ante posibles acciones legales que puedan surgir en su contra en caso de alcanzar un acuerdo con Nexus.
Y es que en los equipos de trabajo están claros que el traspaso de cartera que propuso el fondo norteamericano es una fórmula que no dejará a todos contentos.
Esto, debido a que la ley que define su cargo de administrador provisional, en el Decreto con Fuerza de Ley, no se establece explícitamente la responsabilidad legal de la figura del interventor, es decir los intereses de quién debe velar: los afiliados, los accionistas o acreedores.
La normativa describe que el administrador provisional deberá “lograr una solución con efecto patrimonial para superar los problemas detectados o informados”.
De este modo, la laguna legal dejaría espacio para que los distintos interesados en el futuro de la cartera de Masvida, que es el principal activo, puedan eventualmente tomar acciones legales para proteger sus intereses.
Uno de ellos son los acreedores, cuyos temores de que finalmente parte de la deuda quede impaga, podrían acudir a la justicia para evitar el traspaso de acuerdo y, por lo tanto, echar por tierra las negociaciones con Nexus.
Otro de los interesados son los accionistas. En el caso de ellos se está analizando que la fórmula de compra evite que queden remanentes de la deuda que, finalmente, tengan que asumir con aportes de capital adicionales.
A esto se suma una evaluación de la estructura accionaria y los derechos a los cuales accederían los médicos, al prendar el 25% de las acciones de la isapre fusionada, según propuso Nexus.
El estudio Garrigues está llevando el análisis con el fin de blindar a Robert Rivas de futuras acciones legales.
De todos modos, el análisis no es simple y al interior del equipo legal no coinciden con la visión del propio Rivas y de la Superintendencia de Salud, que la obligación legal y primordial es la protección de los afiliados, quienes deberán tener la prioridad a la hora de evaluar las consecuencias de la operación, por lo que la alternativa es llegara a un acuerdo con los norteamericanos y evitar así la licitación de la cartera.
Sin embargo, esta opción no daría respuesta a la totalidad de la deuda de la isapre de unos $100 mil millones.
Para Garrigues esta visión de la prioridad que debe tener Rivas no es tan clara, por lo que están trabajando para establecer argumentos legales que permitan tomar una decisión con respaldo jurídico.
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