Dos años han pasado desde que entró en vigencia la ley que vino a reemplazar la antigua normativa de quiebras y las cifras del balance ya entregan algunas conclusiones y plantean importantes desafíos acerca de su implementación. Entre octubre de 2014 y agosto de 2016 se han presentado 3.355 solicitudes para iniciar procedimientos concursales, tanto de empresas como personas, de las cuales 2.009 se han efectuado en la Región Metropolitana y 1.346 en el resto del país, según estadísticas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
En relación a los procedimientos concursales de empresas deudoras, éstos han llegado a 809, siendo la gran mayoría de ellos (719) procesos de liquidación, tanto forzosa como voluntaria, mientras sólo 90 optaron por un esquema de reorganización. “De lo expuesto podemos concluir que, si bien, la cantidad de procedimientos de reorganización ha sido sustancialmente menor a los de liquidación, los primeros han sido más efectivos y céleres que éstos últimos (sin perjuicio de su distinta naturaleza). Lo anterior, en cuanto el porcentaje de reorganizaciones concluidas en forma satisfactoria -es decir, en las que se alcanzó un acuerdo entre el deudor y los acreedores- supera el 50% del total de causas (48 de un total de 90), mientras que en las liquidaciones, el porcentaje de causas concluidas ha sido levemente superior al 10%”, comentó Esteban García Nadal, socio del estudio García Magliona & Cia y quien realizó un informe sobre resultados, desafíos y proyecciones de la nueva ley.
El experto enumera una serie de aspectos no previstos en la ley o que finalmente fueron zanjados por los tribunales, entre ellos, si resulta necesario verificar los créditos a todos los acreedores sin distinción, pese que al Ley 20.820 dispone lo contrario en caso de que éstos y el avalúo comercial de las garantías se encontrasen señalados en el estado de deudas que debe acompañar el deudor. “Otra de las inquietudes que aún subsiste, es sobre la factibilidad que, al declararse la liquidación de una empresa (...) el veedor a cargo de dicho procedimiento pueda continuar desempeñándose esta vez como liquidador”.
¿Qué pasa con las personas?
En otro aspecto, al analizar la situación de los procedimientos relativos a las personas deudoras, a nivel nacional se han presentado 1.618 solicitudes de renegociación, mientras las liquidaciones sumaron 928.
Según García, una de las principales problemáticas que se han dado en este ámbito, es “si una persona puede solicitar su liquidación si no tiene bienes con los cuales responder a sus acreedores (…) pese a que no existe una respuesta normativa que zanje en forma precisa esta inquietud, los tribunales han tendido a desestimar las solicitudes de liquidación en ausencia de bienes (…) sin perjuicio de lo anterior, igualmente se ha dado curso a procedimientos de liquidación en que el patrimonio liquidable ha representado una fracción mínima del pasivo adeudado”.
En definitiva, al cumplirse dos años desde la entrada en vigencia de la Ley 20.720, García señala que es la oportunidad para analizar y resolver algunos puntos problemáticos “a los cuales los abogados y tribunales hemos hecho frente, a fin de fortalecer nuestra legislación”, concluyó.
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