Un balance positivo realiza el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María, respecto de la Ley de Lobby (20.730), publicada en 2014. “Hay un gran avance de la realidad anterior a la ley, ya que se establece por primera vez una regulación sobre lobby centrada, básicamente, en las obligaciones de las autoridades de registrar sus audiencias públicas, sus viajes y donativos”.
La normativa establece el deber de registrar y transparentar reuniones y audiencias, solicitadas por lobbistas (quien recibe una remuneración para influir en una decisión pública) y gestores de intereses (personas que presentan sus intereses ante una autoridad o funcionario); viajes y donativos.
“De esta forma, es posible ejercer un mayor control social sobre las decisiones adoptadas por la autoridad y revisar la influencia privada en la toma de decisiones públicas”, sostiene.
Desde la implementación de la ley, la evolución de las audiencias ha ido en aumento. En 2015 se registraron 43.038 reuniones, mientras que en 2016, esta cifra casi se multiplicó por dos y llegó a las 90.323 audiencias. Sólo en lo que va del año, ya se han inscrito 45.447 citas.
“Esto refleja que este año podríamos superar las 100 mil. Ese fenómeno muestra la penetración que esta política pública ha tenido entre autoridades y gestores de intereses, que han sabido interpretar que la norma es un aporte para promover la transparencia y la probidad”, comenta Santa María.
Añade que al igual que el resto de los indicadores, “la cantidad de empresas que han solicitado audiencias también ha ido creciendo. Por ejemplo, en 2015 hubo 7.652 compañías que pidieron una reunión, mientras que un año después esa cifra se elevó hasta 11.194. En tanto, al 30 de junio ya suman 6.587 las empresas o personas jurídicas que han solicitado una reunión con alguna autoridad (…) Es interesante observar cómo de manera adyacente, el sector privado también se ve beneficiado de una política que promueve la transparencia y el control ciudadano”, sostiene.
A estos datos se suma el de las entidades que más audiencias han materializado con autoridades y funcionarios en el último año. Según la plataforma infolobby.cl del Consejo para la Transparencia, lideran la lista la Cámara Chilena de la Construcción, con 287 registros; la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, con 258; y la empresa CGE Distribución, con 202 audiencias informadas.
Posibles mejoras
Si bien la normativa ha generado avances importantes, el ejecutivo advierte que existen dificultades de distinto tipo. Por ejemplo, “la ley no estableció la obligación de inscripción en un registro habilitante de lobbistas y gestores de intereses. Este es voluntario, pero en la experiencia comparada no es así: tener un registro único permite un mejor control social del lobby”.
Añade que, la norma no especifica qué ocurre con reuniones que transcurren fuera de los lugares donde se ejercen las labores públicas habituales. Tampoco se pone en el caso de aquel que solicita una audiencia a un sujeto pasivo, siendo aceptada y, por cualquier razón, concurre otra persona en su representación, que no tiene la calidad de sujeto pasivo, por lo que no sería obligación registrar esa actividad conforme lo dispuesto en la ley.
“La modificación de la Ley de Lobby requiere del compromiso activo de los legisladores de todos los sectores políticos. Con un acuerdo transversal, se podría mejorar sustancialmente esta primera regulación”.
En esta misma línea, Santa María señala que si bien en su momento se revisaron distintos modelos, hoy el Consejo está estudiando de cerca la experiencia de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
“Es posible avanzar a una mejor regulación que fije obligaciones no sólo en las autoridades públicas, sino también en los mismos lobbistas, ya sean deberes de registro o de reportar sus actividades de lobby. Para eso hay que analizar los principales problemas de aplicación práctica que han tenido en Norteamérica y en Europa”.
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