Es probablemente una de las mociones parlamentarias cuyo trámite ha sido más expedito, pese a ser un tema técnico. La idea de modificar la ley sanitaria “en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores”, impulsada por el diputado Daniel Núñez (PC), y que puso en jaque al sector, rompió varios récords.
El primero fue que tras ser despachada por la comisión de Recursos Hídricos el 19 de diciembre, sólo dos días después fue votada -en general y en particular- por la sala de la Cámara Baja, tras una exposición general del proyecto que hizo su promotor y que le tomó nada menos que diez minutos. El resultado fue aplastante: 108 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.
En la industria ven con atención el rápido trámite legislativo que tuvo la moción, por varios factores. Primero, el texto fue analizado únicamente por la comisión de Recursos Hídricos, instancia que aunque especializada no tiene entre sus focos de acción temas como la actividad de las sanitarias, sino que materias como la sequía y el cambio climático, por ejemplo. Por el contrario, el texto no fue visto por comisiones como la ds de Obras Públicas o Economía, que históricamente han abordado estas materias.
Segundo, el proyecto cambió en el camino. Pese a que durante la primera etapa del trámite expusieron el ministro de Obras Públicas y la superintentencia del área -que según el informe del Congreso se mostraron a favor de algunos de los cambios-, así como organizaciones de consumidores y de las sanitarias, la iniciativa fue objeto de indicaciones que ninguno de ellos tuvo la posibilidad de conocer.
El principal cambio, que fue propuesto por la diputada Yasna Provoste, fue la eliminación de la garantía de que la tasa de costo de capital para las concesionarias no podría ser inferior al 7%. A juicio de la parlamentaria este negocio no enfrenta el riesgo de rentabilidad.
“Conocí un texto muy distinto del que salió aprobado”, asegura Juan Carlos Latorre, presidente de Econssa. El ex diputado manifestó extrañeza “de que este proyecto saliera tan rápido”, así como de que no haya sido analizado por las comisiones de Obras Públicas y, eventualmente, de Economía.
En la industria apuntan al rol de los diputados Nuñez y de la ex ministra de Educación quienes apenas emitido el informe del proyecto, promovieron ante el presidente de la corporación, Osvaldo Andrade, la idea de votar la moción, lo que impidió la acción de las otras comisiones. Consultado, Andrade comentó que esto no tenía nada de anormal, dado que las otras comisiones no solicitaron ver el texto.
Otro tema que llamó la atención en círculos políticos y empresariales fue la postura del gobierno. “El Ejecutivo miró para el techo en toda la tramitación”, dice un diputado, quien reconoce que a la iniciativa le faltó mayor debate en algunos de sus puntos, aunque cree que se tiene que avanzar en ver cómo las sanitarias comparten los beneficios que obtienen por negocios no regulados.
En efecto, si bien no fue apoyado por el Ejecutivo, tampoco hubo una crítica directa, ni siquiera en aquellos temas que requieren su apoyo para ser aprobados, ni que hasta el momento se haya puesto una objeción de constitucionalidad.
Según trascendió, la estrategia del Ejecutivo sería esperar que el tema decante y el texto sea mejorado en el Senado, si es que logra avanzar en su trámite. De todos modos esta señal no logró calmar al mercado, dado que las acciones de las firmas sanitarias no han recuperado lo perdido en estos días (ver recuadro).
Aguas andinas pierde US$ 600 mm
Las acciones de Aguas Andinas todavía no se recuperan del golpe que implicó la aprobación del proyecto en la Cámara, a pesar de las señales que dio el gobierno de no respaldar la iniciativa. Aunque las acciones de la sanitaria serie A cerraron ayer al alza, acumulan una baja de casi 17% desde la jornada previa a que el proyecto fuera despachado al Senado.
En este periodo, la capitalización bursátil de esta serie cayó casi US$ 590 millones, mayor que el valor de mercado de empresas como Watts y Aqua Chile.
Scotiabank redujo ayer su precio objetivo para los papeles de la sanitaria a $ 300 (-25%) ante posibles recortes de rentabilidad contemplados en el proyecto. Fitch Ratings advirtió que la iniciativa "podría impactar de forma relevante la rentabilidad de la industria, además de incrementar la incertidumbre y afectar las expectativas de inversiones".
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