Una dura crítica a los órganos colegisladores lazaron ayer abogados y jueces en el seminario “Estado de derecho: ¿viejo, nuevo, otro?, organizado por el círculo legal de Icare. Prácticamente no hubo ningún panelista –y muy probablemente ningún espectador- que no estuviese de acuerdo con muchos de los planteamientos esgrimidos en el encuentro, donde el factor común fueron las omisiones e inoperancia de los legisladores y la nula sintonía de éstos con los urgentes ajustes que requieren las políticas públicas.
El dardo más fuerte lo lanzó la expresidenta y actual integrante del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, quien enfatizó que “los jueces finalmente terminamos decidiendo lo que los órganos colegisladores no deciden. Aquí cito cuando nuestro tribunal enfrentó la decisión de declarar la inconstitucionalidad de un decreto supremo de la presidenta de la República hace unos años, cuando un distinguido colega respecto de la píldora del día después, se preguntaba en la corte por qué debatimos este asunto aquí cuando se trata de un tema valórico… Yo creo que la respuesta es clara: Es porque los órganos colegisladores no hacen lo que tienen que hacer”.
La frase respondió también a un análisis de la jueza respecto de que la constitución es un instrumento viviente, que requiere ir ajustándose progresivamente a los cambios sociales, razón por la cual muchas veces los jueces avanzan en sus fallos más allá de lo que está planteado en el texto legal.“Hoy se puede hablar con propiedad de la inconstitucionalidad por omisión del legislador, cuando el legislador no regula una materia que la constitución le ordena, cuando lo hace defectuosamente o cuando no contempla los recursos adecuados para que una institución pueda ser implementada”.
Falta de legitimidad
Más adelante, el abogado Pedro Pablo Gutiérrez se sumó a la críticas por la carencia de políticas públicas que ordenen temas que por años han estado en tribunales a vista y paciencia de los legisladores. “Es una verdadera vergüenza que la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones estén tramitando decenas de miles de casos por la falta de una política pública clara y definida”, dijo en alusión a los recursos presentados por el alza de planes de las isapres y que hoy representan casi un tercio de todos los asuntos que se ven en la Corte de Apelaciones.
Por su parte, Fernando Atria agregó que ante hechos como éstos es cuando se requiere de la suficiente agilidad para reaccionar de parte de las instituciones llamadas para ello. Sólo así podrían reclamar legitimitad, de lo contrario, la consecuencia es la judicialización y que finalmente el juez corrija por la vía de “dar lo que es justo”.
Otro punto que abordó el abogado es la masificación de la profesión legal, donde existe -a su juicio- una “notoria caída en la preparación”, situación que también deben de alguna manera subsanar los tribunales. “Es cada vez más común que quien tiene el derecho pierda porque quien dio el consejo jurídico no fue competente… situación que en el tiempo es insostenible, toda vez que ese déficit se compensa con justicia material del juez”.
Estado de derecho
Con todo, para el abogado y ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, frente a las transformaciones que está viviendo la sociedad no es necesario una nueva concepción de estado de derecho, pero sí es preciso resolver algunos puntos.
Se refirió nuevamente al poder discrecional de los jueces que hoy son los que finalmente inciden en aspectos como el precio de la salud, el equilibrio entre emprendimiento y medio ambiente, e incluso a futuro serán los que van a decidir si se puede practicar o no el aborto en las tres causales discutidas. “Ciertamente la debilidad de la política es una de las vertientes de estos problemas pero la transformación del derecho necesita sostenerse en otros temas…en ese debate deberíamos adentrarnos”.
Agregó que existen varios aspectos claves para abordar en esta discusión, entre ellos, el fenómeno de la judicialización que crece de la mano del descrédito de los parlamentarios y el grave riesgo que en este escenario tiene una nueva constitución “plagada de principios, de valores y derechos indeterminados”.
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