Molestia generó en las Isapres la despreocupación de la superintendencia ante la baja que ha registrado la tasa de afiliación al sistema privado de salud en los últimos meses.
La semana pasada, en el marco de las últimas cifras publicadas por el regulador, se evidenció que el crecimiento de cartera de las Isapres estaba -a octubre de 2016- en sus peores niveles desde la crisis subprime.
En términos netos, es decir considerando suscripciones y desahucios, los contratos del sector llegaron a 20 mil, cifra que está muy debajo de los 75.636 convenios reportados en igual período de 2015 y más aún de los casi 103 mil de 2012, el año donde se evidenció el mejor desempeño.
Economistas y actores del sector explicaron que ello se debía a la situación económica que vive el país y el escenario laboral, y desde el gremio mostraron alerta respecto de cómo continuará dicha tendencia. No obstante, el titular de la institución fiscalizadora, Sebastián Pavlovic, dijo que no lo ven con preocupación, dado que “probablemente tenga que ver más con el ciclo económico”.
“Es impresionante la poca importancia demostrada por el superintendente y su incapacidad para reconocer las graves consecuencias que tiene en las personas una economía estancada que no se desarrolla y en que los trabajadores, por falta de empleo estable y seguro, se ven obligados a abandonar su sistema de salud, recargando más las ya saturadas instalaciones de la salud estatal”, sostiene el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes.
A su juicio, dichas declaraciones “reflejan la insensibilidad de un gobierno respecto de los problemas que han creado políticas económicas erradas, mal orientadas, que han detenido el crecimiento del empleo, afectado la inversión y las decisiones de la gente en salud”.
El problema de la judicialización
Asimismo, el presidente del gremio de las Isapres agrega que especialmente en el sector salud queda demostrada la incapacidad del regulador para resolver los problemas que afectan directamente a la gente.
Esto porque aparte de la falta de crecimiento, afirma, “tampoco han resuelto el problema de judicialización que encarece los costos de la salud privada para las personas, costos innecesarios que al final lo pagan los propios usuarios”.
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