Hace unos tres meses los ministerios de Transportes y Hacienda vienen trabajando en el modelo financiero que regirá al “nuevo” Transantiago, tras la licitación que contempla que algunos nuevos operadores comiencen a funcionar desde octubre de 2018.
El análisis está en etapa final y uno de los principales problemas a los que se habrían enfrentado es que los costos estructurales del sistema superan al reajuste por IPC que contempla el subsidio que se entrega, por lo que la conclusión es clara: no será posible cubrir los mayores costos en algunos años más.
Esta realidad económica es una de las variables que tiene el gobierno hoy sobre la mesa para definir si posterga la licitación. El sistema tiene hoy un costo anual de US$ 1.500 millones, donde cerca del 44% lo pone el Estado.
Consultada sobre esta decisión, la nueva ministra de Transportes, Paola Tapia, se limitó a informar que por el momento no existe un cambio en el calendario establecido, sin embargo reconoció que la evaluación de todas las bases de licitación se extenderá hasta fines de abril, lo que en definitiva va más allá de lo que queda de marzo, plazo que originalmente se contemplaba para el envío de las bases a la Contraloría.
“Tenemos en vista los planes operacionales, la regulación de flota, los aspectos financieros, en definitiva estamos haciendo un profundo análisis, por lo que enviaremos las bases a fines de abril a la Contraloría”, explicó la autoridad.
Esto después que la semana pasada, la ministra concretara cambios en el equipo a cargo de la licitación del Transantiago, lo que implicó la salida del secretario técnico, Luis Maluenda.
Razones técnicas
Uno de los puntos que juega en contra de la idea de aplazar el concurso es que sería necesario extender algunos contratos de operadoras, ya que cuatro de estos vencen en octubre de 2018, mientras que los restantes tres finalizan en 2020.
Eso implicaría la extensión de contratos para Alsacia y Express Santiago Uno, firmas que recientemente se acogieron a la nueva Ley de Quiebra y Reemprendimiento, y además son las peor evaluadas en el mediciones de calidad de servicios. “Sería impresentables extenderle el contrato a estas empresas”, explican fuentes conocedoras del proceso.
Sin embargo, al interior de las firmas explican que el cronograma inicial que establecían las bases de licitación no se apegaba a la realidad, ya que dado el ingreso de buses con tecnología Euro V, más allá del mínimo exigido, les permitía extender sus contratos hasta 2019. “Esta licitación nació muerta”, comentaron.
A esto se suma que no existe un programa de control de la evasión claro, lo que impide hacer una proyección de flujos de ingresos estables a los oferentes, a quienes además se les impide en las nuevas bases realizar renegociaciones para compensar la caída en la demanda.
Otra variable es la incorporación de 453 buses adicionales a los casi 6.300 buses actuales, aumentando aún más la estructura de costos.
“Llevan tres años sin hacer nada y postergarlo permitiría coincidirlo con el ingreso de la Línea 3 y 6 de Metro, lo que permitiría disminuir la cantidad de buses”, explicó Louis de Grange de la UDP.
El peso político
En otro punto que está sobre la mesa es la arista política y cómo una nueva licitación fallida afectaría el legado del gobierno de Michelle Bachelet tras su salida de La Moneda.
Y es que el término del mandato, coincidiría con la firma de los contratos de las nuevas operadoras, lo que presentaría un riesgo para que el nuevo presidente delegue cualquier responsabilidad -especialmente ante una falla en la implementación- a la saliente administración, tal como ocurrió con el ex presidente Ricardo Lagos.
Para ello, se buscaría una postergación acotada, inicialmente para reevaluar bien las bases de licitación y que permita a Tapia liderar una conversación transversal con el mundo político de tal forma que sea una determinación conjunta con todos los actores políticos.
Ministra de Transportes se reunirá hoy con todos los operadores
A una cita protocolar invitó hoy en la tarde la nueva ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, a los seis gerentes generales de las operadoras del Transantiago.
El motivo de la cita es relacionarse con los ejecutivos de las empresas de cara a los cambios que se están evaluando en el sistema y abordar los principales problemas que se enfrenta en el transporte público.
Así se espera que asista Cristian Saphores, gerente general de Alsacia y Express Santiago Uno; Simón Dosque, gerente general de Bule; Andrés Ocampo, gerente de Subus; Juan Pinto de Metbus, Bruno Charrade de Redbus y Luis Barahona de STP.
Desde las firmas precisaron que no existe una agenda específica para abordar en la reunión, sino que se trata de un tema más protocolar. Sin embargo, no se descarta que se aborden algunas problemáticas que está enfrentando la nueva licitación y las propuesta del plan estructural de evasión que la autoridad está elaborando.
Esto porque la evasión es uno de los problemas que más está afectando a las operadores, ya que merma directamente sus ingresos. Según el índice del último trimestre de 2016, esta cifra ascendía a 34,6% en promedio, mientras que la zona surponiente de la capital, que es la más afectada, llegaban hasta 54,9%.
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