El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Fisco de Chile, solicitó al 22º Juzgado Civil de Santiago que se cite a los herederos de María Lucía Hiriart Rodríguez, fallecida el 16 de diciembre de 2021, para que declaren si aceptan o repudian su herencia.
Según el CDE, en la cláusula quinta del testamento cerrado de Lucía Hiriart, instituyó herederos de la mitad legitimaria a su cónyuge, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, (fallecido a la fecha de la delación de la herencia) y a sus hijos: Inés Lucía, Augusto Osvaldo, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline Marie. Además, dijo que en la cláusula sexta del mismo instrumento, instituyó heredero del 50% de la “cuarta de mejoras” (bienes) a su cónyuge y destinó el restante 50% a sus nietos y bisnietos en partes iguales.
“Interesa al Fisco de Chile que los herederos de la causante se pronuncien acerca de si aceptan o repudian esta herencia dada su calidad de acreedor. En efecto, el Fisco eventualmente tiene, a lo menos, un crédito contra los herederos por el inminente impuesto a la herencia que afectaría a las asignaciones hereditarias”, dijo el CDE en su presentación a la justicia a la que tuvo acceso Diario Financiero.
Y agregó: “Existen deudas por impuestos a la renta atribuibles al difunto contribuyente don Augusto Pinochet Ugarte, que se transmitieron a los herederos en cuestión, conforme a las reglas de sucesión”.
Según Mega, María Verónica Pinochet concurrió a una notaría para “repudiar de forma expresa la totalidad de la herencia que me correspondía en calidad de hija de doña María Lucía Hiriart”. Su hermano Marco Antonio, según 24 Horas, realizó el mismo trámite.
El 2005, como parte del llamado caso Riggs, la viuda de Pinochet fue procesada por fraude tributario y malversación. Logró revocar ambos encausamientos, pese a que la Justicia determinó que su esposo “incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos”.
El CDE presentó una demanda por provecho del dolo ajeno con el propósito de que los herederos sean condenados a pagar al Fisco alrededor de US$ 16 millones, correspondientes a los dineros obtenidos ilícitamente.
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