La judicialización del sistema de aseguramiento privado de salud, que entre 2010 y 2016 implicó casi 700 mil recursos en tribunales y que en la práctica impide que las isapres puedan reajustar los precios de los planes, deberá resolverse en el próximo gobierno, señaló la ministra de Salud, Carmen Castillo, tras participar en una comisión de la Cámara de Diputados.
“El tema de las isapres es uno que tiene que resolverse seguramente en un trabajo mancomunado en que el próximo gobierno tendrá que mirar una reforma en salud integral, que incorpore este componente del sector privado”, dijo.
A su juicio, esos cambios deberán abordar varias dimensiones, como el componente social que debe tener el seguro, así como la incorporación de nuevas enfermedades, el alza en los transplantes o la incorporación de mayor tecnología, entre otras cosas.
En la industria del aseguramiento de salud han dicho que el sector vive una crisis y que de no resolverse el tema central, que es cómo ajustar los ingresos del sistema ante mayores gastos, se corre un riesgo alto.
¿Es crítica la situación de las isapres por la judicialización? “Nosotros estimamos, de acuerdo a la información que nos ha dado la Superintendencia de Salud, que la judicialización no está afectando los ingresos de las isapres”, recalcó.
Según se informó a fines de marzo, la utilidad nominal del sistema abierto de isapres alcanzó $ 51.062 millones en 2016, un alza de 62,2%.
Según explicó en ese momento el superintendente Sebastián Pavlovic, mientras los ingresos del giro crecieron a una tasa de 9,8%, los costos lo hicieron en 9,6%.
La ministra también fue consultada por los dichos de la candidata DC, Carolina Goic, quien señaló que existe ideologismo de café por la paralización del sistema de concesiones para hospitales públicos, ante lo que Castillo respondió que “es una mirada de la senadora y es respetable”.
Pero agregó que “como Estado quisimos tener cautela de los fondos públicos y en ese contexto suspendimos la continuidad del modelo de concesiones, por el hecho que considerábamos que al Estado le significaba un costo superior a lo que se había estimado”.
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