El gobierno de Bolivia investiga un posible tráfico de influencias y uso indebido de funciones en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de ese país y la aerolínea propietaria del avión que se estrelló en Medellín, Colombia.
El Ministerio de Obras Públicas boliviano anunció una querella contra LaMia y ordenó la investigación del por qué la línea obtuvo su licencia de operación si tenía algunas complicaciones. El ministro Milton Claros, afirmó –citado por diario locales- que se encontraron indicios de "posible incumplimiento de deberes" y "posiblemente uso indebido de influencias" en el control a LaMia y al vuelo que se estrelló y que causó 71 muertos.
"Vamos a iniciar las acciones penales y civiles que correspondan. Es más, como Gobierno nos estamos querellando en contra de la empresa LaMía y en contra de los funcionarios y el director de la DGAC, porque esa es nuestra obligación. Nosotros no vamos a encubrir a ningún funcionario y tampoco vamos a permitir que se incumpla la reglamentación", indicó Claros según el medio local El Deber.
El ministro informó de que se investiga el trámite administrativo sobre la certificación de explotador aéreo a LaMia otorgado por la DGAC. Además, anunció una auditoría a la solicitud formal de otorgación de la licencia y una evaluación a la documentación presentada. Relación LaMia y DGAC
Al respecto, el viceministro de Transporte de Bolivia, Galo Bonifaz, remarcó que la investigación se sostendrá en la relación de parentesco entre el gerente de LaMia, Gustavo Vargas Villegas, y su hijo Gustavo Vargas Gamboa, quien trabajó en la DGAC. "Existen varias observaciones, por qué se obtuvo la licencia indefinida para operar, y si sabía de las observaciones por qué operó en Bolivia. Vimos que hay un nivel de relación entre un alto funcionario de la DGAC y LaMia, es una relación familiar", remarcó Bonifaz.
Sobre el tema, Claros se enfocó en esa relación de parentesco y manifestó que esa sería la causa de la otorgación de la licencia de funcionamiento para la línea LaMia. "Nos llama poderosamente la atención que exista una relación entre servidores y esta aerolínea. Vamos a llegar hasta el fondo del asunto, qué tipo de relación se ha tenido y vamos a iniciar las acciones penales y civiles que correspondan. Nos estamos querellando como Gobierno en contra de la empresa LaMia y los funcionarios", dijo el ministro Claros.
La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) presentó una denuncia ante la Fiscalía contra la funcionaria Celia Castedo, quien observó el plan de vuelo de la aerolínea LaMia antes del siniestro. Aasana observó que Castedo incurrió en los delitos de incumplimiento de deberes y atentado contra los medios de transporte. Sobre el tema, el ministro Claros señaló que esta funcionaria sería una de las culpables del accidente.
"Es un tema de tipo penal, porque se han sacrificado más de 70 vidas por una irresponsabilidad en el cumplimiento de la normativa. Es una acción criminal lo que se ha cometido, pero es una acción individualísima porque el funcionario que, pese a tener observaciones, ha autorizado el plan de vuelo, cometió un acto criminal, y no puede tener ninguna consideración y el Gobierno será implacable", reprochó Claros.
Plazo de la investigación
El periódico boliviano El Deber dijo que se estableció un plazo de diez días para tener los resultados de la investigación interna en los procedimientos que siguió la DGAC para entregar el certificado de explotación aérea a favor de LaMia.
La noche del lunes 28 de noviembre, a escasos kilómetros del aeropuerto José María Córdova, el avión RJ85 de LaMia se estrelló ocasionando la muerte de 71 personas y seis salieron heridas.
La mayoría de los fallecidos eran miembros del Chapecoense, equipo brasileño que tenía previsto jugar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional, la primera de su historia en un torneo internacional. Claros acotó que el Ministerio de Obras Públicas se dispone a realizar auditorías, no solo a la empresa LaMia, sino también a otras compañías que operan vuelos privados, ámbito en el que estaba especializada la empresa.
Dijo que en el oriente boliviano existen muchas firmas que operan vuelos chárter con avionetas y aviones de corta autonomía de vuelo.
Además, el ministro explicó que la DGCA y Aasana, cuyos directorios han sido suspendidos, son organismos autónomos y descentralizados, pero que su ministerio aumentará el control. Bonifaz, al respecto, aclaró que el Estado no está sujeto a sanciones internacionales, ya que primero se realizan investigaciones internas. "Las operaciones aéreas son seguras en Bolivia, han sido seguras antes y van a seguir siendo seguras. Nosotros, a través de la Organización de Aviación Internacional Civil (OACI), por sus siglas en inglés) recibimos auditorías permanentes. En octubre hubo certificación de aeropuertos y las aerolíneas que llegan a Bolivia tienen la información. No se debe crear una sicosis", afirmó Bonifaz.
Sobre la incursión de LaMia en Bolivia, Claros destacó que la aerolínea tiene todos los papeles en regla para operar en el país y que la aeronave RJ85 era alquilada al empresario venezolano Ricardo Albacete, quien radica en España. "Se cumplieron las cinco etapas para operar en Bolivia. Son procedimientos que deben ser cumplidos a cabalidad y entendemos que DGAC hizo cumplirlos en el caso de LaMia".
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