La Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público manifestó su rechazo ante la determinación de la Fiscalía Nacional de efectuar un sumario administrativo y remover del caso Corpesca al Fiscal Regional Emiliano Arias por sus dichos contra la Ley de Pesca.
Mediante una declaración pública, el gremio estimó que la interpretación de la norma en la que se fundamentó la medida contra Arias, "no puede llegar al extremo de impedir a los fiscales regionales y adjuntos, emitir opiniones de carácter general y que no afectan a la investigación".
"Menos, es posible considerar una afectación a la normativa, cuando lo que manifiesta el fiscal son expresiones ya expuestas públicamente ante los tribunales de justicia", agregan.
En segundo lugar, calificaron de grave que se haya tomado esta medida invocando el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, norma que fue modificada recientemente por la llamada Ley de "Agenda Corta Antidelincuencia" y que, a juicio de la organización, de ser mal interpretada, "puede sólo emplearse para privar a la opinión pública de información relevante en casos de alto interés ciudadano".
"Esto refuerza las aprehensiones que hicimos saber en la tramitación legislativa de la "Agenda Corta", porque, en definitiva, cuando investigaciones afecten a grupos de poder, se ha de valer la presente norma para conseguir mantener desinformada a la ciudadanía", aseguran.
Sobre este punto, si bien la asociación dice entender que el Ministerio Público es una Institución jerarquizada, "ello no debería implicar que el Fiscal Nacional utilice sus potestades para asignar y reasignar causas relevantes para el país, motivando dicha facultad no en mejorar el resultado de las investigaciones en curso, sino como una sanción en contra de un determinado Fiscal".
Por este motivo, sentenciaron como aún más grave que se haya ordenado instruir un sumario en contra del fiscal Arias en base a las declaraciones ya mencionadas. En ese sentido afirman, a lo que se apunta con la entrevista es al deber de transparentar los procesos judiciales y no a afectan el honor, honra o principio de inocencia respecto de ninguna persona determinada.
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