Los operadores del Transantiago Alsacia y Express de Santiago Uno presentaron una querella en contra del ex ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, por “prevaricación administrativa”, “abusos contra particulares” y “denegación de pago”.
“Lo esencial de esta acción penal radica en que Alsacia y Express han sido víctimas de una serie de actos administrativos manifiestamente injustos que nos han afectado; eso configura ilícitos penales que buscamos que se investiguen y se sancionen”, explicó el abogado Samuel Donoso, quien presentó la acción penal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Agregó que “estamos absolutamente convencidos que existe hechos delictuales que deben ser investigados. Hay una serie de declaraciones y de diligencias que van a ser parte del proceso investigativo”.
Aunque la defensa de las empresas está enfocada en la recién presentada querella, no se descarta una acción civil para lograr indemnizaciones. “Hoy estamos enfocados en este proceso; eso no quita que pueda haber una acción civil por esos hechos”, dijo Donoso.
Junto con solicitar que se declare admisible la querella, se pidió que se remita al Ministerio Público para que éste desarrolle una investigación destinada a acreditar la comisión de los hechos que se acusan, “la responsabilidad del querellado, se formalice la investigación a su respecto, se le acuse y se obtenga –en el juicio oral correspondiente- la condena al máximo de las penas”.
Según la querella, Gómez-Lobo dictó de manera reiterada una serie de actos y resoluciones “manifiestamente injustos”, junto a lo cual se le acusó de aprobar procedimientos administrativos “de manera caprichosa, arbitraria e ilegal” para –según los demandantes- “cercenar ilegalmente parte de los contratos de concesión (...) y asignárselos en condiciones absolutamente discriminatorias y a ‘dedo’ a otras empresas”.
Las empresas señalan que debido a esas decisiones, se “vieron tan seriamente agravadas en su situación económico-financiero, que ambas compañías se vieron forzadas a someterse a procesos judiciales de reorganización patrimonial”.
Este es un nuevo frente legal que activan los socios colombianos de los operadores del Transantiago. A la demanda arbitral que interpusieron hace unas semanas ante el Ciadi por incumplimiento de contrato, también recurrieron a la Contraloría para pujar por mantener el control de su unidad de negocios en el marco de la nueva licitación del Transantiago, que hoy opera 733 buses, equivalente a 11% del sistema.
Para esto, la semana pasada la empresa ingresó una solicitud ante el ente contralor para que defina si podrá ser excluida del concurso público que pronto comenzará.
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