Paños fríos es lo que espera poner el administrador provisional de la ex isapre Masvida, Robert Rivas, ante el nerviosismo que ha surgido entre los prestadores por la demora y la falta de información sobre cómo la compañía en proceso de liquidación enfrentará el pago de sus deudas.
La firma que a principio de mayo autorizó el traspaso de la cartera a Isapre Óptima, ahora deberá coordinar el pago a sus acreedores y enfrentar la cancelación del registro de la compañía.
Una de las medidas que han tomado es una serie de reuniones con varios prestadores para informarles cómo se llevará a cabo el proceso de reorganización de deudas bajo la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento.
Estas citas se han realizado con los abogados del estudio Nelson Contador, que llevará adelante el proceso de reorganización y representantes de la Superintendencia de Salud.
A esto se suma que esta semana, se espera que Rivas de a conocer un protocolo de pago a sus acreedores, para lo cual estaría afinando los últimos detalles del documento.
Paso a paso
Tanto las reuniones como el protocolo buscan explicar a los prestadores los pasos que se irán dando para concretar los pagos.
El primero de ellos, la reorganización judicial, se espera sea solicitado ante los tribunales civiles a fines de la próxima semana.
Otro paso será la liberalización de las garantías que mantiene la sociedad en la Superintendencia de Salud. Para ello, será el órgano fiscalizador quien deberá solicitar la cancelación del registro y proceder a la liquidación de esos recursos que mantiene en custodia.
Este trámite se podría extender más allá de un mes, ya que deben esperar la tramitación del cobro de las prestaciones que se realizaron hasta fines de abril.
Según las últimas cifras dadas a conocer, la ex isapre Masvida mantenía garantías por $ 56 mil millones y unos $ 20 mil millones que están en boletas bancarias.
Algunas de estas últimas han sido ejecutadas dado que se han ido venciendo, lo que está despertando también el interés de los bancos por cobrar sus acreencias.
Tal es el caso del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) que solicitó el pago por vía judicial de $ 1.300 millones. Según trascendió ese podría ser el primer cobro de otras ejecuciones de boletas bancarias que también están en proceso de vencimiento.
Esta demanda se suma a las que interpusieron hace algunas semana atrás la clínica Indisa, Red de Salud UC Christus y la Clínica Los Andes de Puerto Montt, en los tribunales de Concepción.
¿Recursos suficientes?
Otra de las preocupaciones de los prestadores es la prioridad que se dará a la hora de ejecutar los pagos. Esto ante el temor de que los recursos no sean suficientes para enfrentar la totalidad de la deuda.
La ley que rige la cancelación del registro de las isapres, establece que los pagos a los beneficiarios son los que tendrán prioridad uno, esto implica el pago de bonos, reembolsos y licencias médicas.
En un segundo plano están los prestadores y después los demás.
Aseguraron que con el total de recursos que se esperan consolidar, lo que incluye la venta de algunos inmuebles de la isapre, se espera enfrentar el total de las deudas a los acreedores, aunque esto llevará un poco más del tiempo esperado.
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