Plazo hasta el próximo miércoles se impusieron los acreedores de Subus, una de las operadoras más grandes del Transantiago, para ver si el gobierno mejora la propuesta que envió la semana pasada a su interventor, Enrique Ortiz D’Amico, en el marco de la revisión excepcional de contratos.
Trascendió que la oferta de $ 38 mil millones por los cuatro años de la concesión no estaría siendo suficiente, por lo que se solicitó al antiguo veedor que siguiera las negociaciones con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Según explicaron fuentes, se trata de reajustes muy técnicos, las que tienen que ver con revalorizar la oferta, aunque si fuese modificada no implicaría un aumento sustancial de lo ya propuesto.
La operadora recibió la propuesta del ministerio el 30 de noviembre, como se contemplaba al momento en que se aprobó en septiembre en la reorganización judicial de la empresa, por lo que se citó a junta para el día viernes 2 de diciembre.
“En la reunión de la comisión de Subus los acreedores consideraron que la propuesta del ministerio puede ser mejorada, con lo cual seguiremos conversando con la autoridad”, señaló al respecto Ortiz.
El representante de los trabajadores de la operadora, Boris Guerrero, indicó que hay visiones totalmente diferentes en cuanto a lo que pueda suceder.
Por ejemplo, está el escenario en donde la oferta no sea la esperada por los acreedores y se proceda a la liquidación de bienes. En dicho contexto, es facultad del gobierno de nombrar a un administrador provisional, explica.
Pero también puede suceder que a los acreedores de Subus acepten lo ofrecido por la autoridad, mientras que a la administración no. Ahí, dice Guerrero, el gobierno también podría designar a un administrador provisional que firme la propuesta y comience formalmente la reorganización judicial.
Por esto, los trabajadores de Subus mantienen cierta incertidumbre respecto de cómo termine el proceso.
Previo a la entrega de la propuesta, el ministro Andrés Gómez-Lobo señaló que ésta tiene que ver con algunos cambios que son externos a la empresa y la afectan, “como la declaración de la conducción como trabajo pesado, y también la entrada en operación del tren Nos-Santiago”.
En ese momento, la autoridad llamó a la calma a los trabajadores, asegurando que tienen prioridad de pago en cualquier escenario.
La propuesta
La operadora adeuda unos US$ 170 millones. Para los acreedores con garantías hipotecarias y/o prendarias, se contemplan amortizaciones programadas de seis cuotas anuales desde 2017 a 2020.
En el caso de proveedores con créditos inferiores a US$ 1 millón, se seguirá pagando en forma normal, a través de tres cuotas en 2017.
Al resto se le pagará de igual forma que a los con garantías hipotecarias y/o prendarias.
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