La tramitación de una ley corta para adecuar la reforma laboral al fallo del TC, específicamente a la regulación de los grupos negociadores, “no demoraría más de dos semanas”, según los pronósticos que existen en el Ministerio del Trabajo. El problema, reconocen, es que esa norma tiene que tener el total respaldo de la Nueva Mayoría y de la oposición, escenario más que complejo si se considera la tramitación del proyecto en el Congreso. La base de un eventual texto, que Hacienda y Trabajo siguen evaluando, sería el artículo 314 bis del actual Código del Trabajo, que establece las normas mínimas para la negociación de los grupos de trabajadores.
En la derecha no sólo hay espacio para una ley corta, sino que la demandan. El diputado de la UDI, Patricio Melero, afirmó que “el proyecto, en los términos que sale del TC, provocará la inevitable judicialización de varias de sus normas, especialmente lo que se refiere la regulación de los grupos negociadores y la huelga, donde se traspasa la facultad a los tribunales para ir, por la vía de la jurisprudencia, interpretando la reforma”. Por eso el legislador dijo esperar que “el gobierno se allane a plantear una ley adecuatoria”.
Sin embargo, desde el oficialismo cierran completamente esa puerta. La presidenta de la comisión de Trabajo del Senado, Adriana Muñoz (PPD), fue categórica: “No estoy de acuerdo con una ley adecuatoria por principios. Existió un mal trabajo del Tribunal Constitucional, que emitió un fallo político con absoluta falta de rigor jurídico, que pulverizó el proyecto aprobado por el Parlamento y que dejó en desequilibrio el proyecto. La derecha tiene que asumir los costos de haber recurrido al TC”.
“Es importante registrar esta situación para poder proponer un avance a través de otro proyecto de ley, con otro Congreso, otros parlamentarios y otro TC, con otras facultades y atribuciones”, expresó la legisladora.
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