Expectantes están en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) frente a la decisión del Ejecutivo. "Yo miro y saludo el pronunciamiento del veto, pero también tengo súper claro que es un veto bastante moderado. Tampoco es para que uno diga que con esto se generaron los "reequilibrios" que uno hubiese esperado y, por lo tanto, en ese marco la ley corta debiera tener un impacto mayor", expresó la presidenta de la Central, Bárbara Figueroa.
La dirigenta dice esperar que "aquí no prime el criterio de hacer una ley corta para reponer los aspectos que hoy se están vetando, sino que sea una ley que lo que busque efectivamente es volver al espíritu original del proyecto". Explica que "este no era un proyecto para satisfacer al empresariado, que es la intención que tiene el ministro de Hacienda o algún otro ministro del gobierno; este es un proyecto que no tenía nada que ver con incentivos para que el empresariado invirtiera, sino que era de fortalecimiento sindical".
Precisamente, frente al doble discurso de los ministerios de Hacienda y Trabajo, asegura tajante que "hay miradas distintas y eso es absolutamente legítimo". Aunque, advierte, que nadie se podría sorprender que hay ministros que están más preocupados de cómo los miren los empresarios, dentro de ellos está el ministro Valdés". Con todo, dice que la mirada está puesta en el fallo del TC. "Supongo que el gobierno no está pensando en el envío de una ley corta que tenga como objetivo reabrir el debate del proyecto. Ahora, una propuesta como esta una vez que ingresa al Parlamento ya no sólo depende de los tiempos del Ejecutivo, sino que por sobre todo depende de las voluntades políticas", dice.
Fernando Carmona, economista de la Fundación de Estudios Laborales, FIEL, de la CUT, plantea que lo realizado por el gobierno es quitar los pactos de adaptabilidad parcialmente y bajar los quórum de formación de sindicatos y probablemente los de negociación. "Es un avance en la dirección correcta, pero esperábamos que se alargará el plazo para el descuelgue de la huelga y se simplificará el procedimiento de los servicios mínimos, pues ambos cambios contribuyen a darle más poder de negociación al sindicato, que se pierde por titularidad. Por lo tanto, va en la dirección correcta, pero no es suficiente", sostiene.
Agrega que "una ley interpretativa de la Constitución podría resolver el problema, al sumar al artículo 19 la interpretación de libertad sindical del convenio 87 y 98 de la OIT, ratificado por Chile el 99, y parte del cuerpo de la Constitución por la vía del artículo 5 de la Constitución. En particular, el Convenio 98 que prohíbe la conformación de agrupaciones de trabajadores que puedan ser creadas a la medida para el empleador y el que las negociaciones colectivas y los derechos colectivos deben ejercerlos organizaciones permanentes de los trabajadores. Con esta interpretación de la Constitución podemos volver a la titularidad plena y el TC deja de ser un escollo".
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