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Alto contrasteDe Berna a la inteligencia artificial: la gran reforma que deberíamos emprender
MAXIMILIANO SANTA CRUZ ABOGADO, EXDIRECTOR DE INAPI
Hoy se cumplen 140 años de la firma del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Este fue el resultado de la campaña de Víctor Hugo y de la Asociación Literaria y Artística Internacional, creada en París en 1878 bajo su presidencia de honor para proteger internacionalmente a los autores.
Los derechos de autor protegen las obras que nutren el arte, la cultura y las humanidades. Constituyen la infraestructura jurídica que permite transformar la creatividad y el conocimiento en inversión, empleo y contenidos regulados bajo reglas claras.
Nuestra ley de 1970, que tuvo su última gran reforma en 2010, actualizó el régimen de excepciones, delitos y responsabilidad de Internet. Estaba pensada para la piratería y los intermediarios de la primera Internet y, en varios aspectos, nació obsoleta.
“Pese a los compromisos asumidos en los Tratados de Internet y en el TLC con EEUU, Chile aún carece de una regulación general”.
A 30 años de los Tratados de Internet de la OMPI, que adaptaron el Convenio de Berna a la era digital, nuestra legislación está desactualizada y fragmentada. Los derechos de los creadores audiovisuales se regulan fuera de la Ley Nº 17.336; los delitos contra la propiedad intelectual se vinculan ahora con la Ley de Delitos Económicos, y se ha intentado regular la minería de textos y datos en proyectos sobre IA e incluso en una ley miscelánea. Esta dispersión eleva los costos, dificulta el licenciamiento, desalienta la inversión e impide equilibrar los intereses de creadores, empresas y ciudadanos.
Un ejemplo son las medidas tecnológicas de protección: “candados digitales”, como muros de pago o mecanismos anticopia, esenciales para negocios como el streaming o la lectura de este diario. Pese a los compromisos asumidos en los Tratados de Internet y en el TLC con EEUU, Chile aún carece de una regulación general. El proyecto del Senado es insuficiente y desequilibrado: sacrifica el balance del TLC entre proteger esos mecanismos y los usos legítimos como la interoperabilidad, la seguridad y la accesibilidad.
Otro vacío es la falta de un régimen de obras huérfanas: obras protegidas cuyos titulares no pueden ser identificados o localizados. Aunque investigadores o editores deseen obtener una autorización e incluso pagar, no tienen a quién dirigirse.
La IA vuelve impostergable la discusión. Debemos definir qué actos ocurren durante el entrenamiento de modelos; cuándo corresponde autorización, exclusión o remuneración, y qué resultados merecen protección. El nuevo marco podría exigir que los contenidos generados sustancialmente por IA se identifiquen como tales y conserven información sobre su procedencia. En un entorno de textos, imágenes, voces y videos sintéticos, saber si estamos ante una creación humana ya no es un detalle.
Esto no se resuelve con artículos aislados. Chile necesita una reforma integral y una nueva ley tecnológicamente neutral que ordene las normas, modernice derechos y contratos, incorpore obras huérfanas, actualice la responsabilidad de las plataformas y dote al sistema de una institucionalidad robusta.
No se trata de favorecer a un grupo, sino de dar a todos certeza para crear, invertir, licenciar e innovar. A 140 años de Berna, es hora de diseñar el sistema que Chile necesita y retomar la idea que impulsó Víctor Hugo: que las obras crucen fronteras sin abandonar a sus autores.
