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Publicado: Miércoles 6 de agosto de 2014 a las 05:00 hrs.
La supermercadista ligada al grupo Saieh, SMU, respondió en duros términos al requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), donde el organismo acusa a la cadena de incumplir las condiciones establecidas por el tribunal en 2012 cuando se aprobó la fusión con Supermercados del Sur.
El documento fue presentado por los abogados Benjamín Grebe y Juan Tagle, quienes señalan que la acción de la FNE “constituye un ejercicio apresurado de una acción con fines sancionatorios, sin haberse previamente recabado los antecedentes mínimos necesarios para evaluar los hechos en que se funda y el comportamiento del agente económico imputado”.
En la presentación se cataloga la acción de la FNE como “forzada”, “artificial” y con un “lenguaje inusitado” para postular “vehementemente” el incumplimiento por parte de SMU y, por ende, la necesidad de imponer sanciones en su contra.
En la presentación de 41 páginas, SMU insiste en su petición de eliminar la obligación de desprenderse del 40% de la propiedad de Montserrat, que es parte de las medidas, aduciendo la imposibilidad de concretar dicha operación.
“Resulta en verdad completamente injustificado que se busque sancionar a SMU, compañía que no obstante los relevantes esfuerzos desarrollados, se ha enfrentado a la imposibilidad de vender una participación minoritaria en los tiempos fijados”.
La firma asegura que las razones por las que no ha cumplido, están fuera de su alcance.

El centro de incidencia valora esta figura contractual, pero advierte que su diseño debe impedir que se utilice para encubrir relaciones laborales permanentes. Entre sus propuestas figuran la consolidación automática de horas, la prohibición de cláusulas de exclusividad y un registro verificable de turnos.
La startup migró de un marketplace tradicional a un sistema de emparejamiento con inteligencia artificial que le permitió pasar de 7 mil a 20 mil alojamientos en seis meses y operar en 10 países.
La misma comisión que recomendó adjudicar la obra a ICRR cambió su evaluación un mes después y descartó las dos ofertas. La empresa recurrió contra la decisión y denunció ante el primer mandatario un “actuar anómalo” del ministerio.
La representación femenina llega a solo un 14%, mientras que, a nivel latinoamericano, esta alcanza un 25%. La participación de abogadas crece entre los jóvenes rankeados, donde las asociadas superan el 50%.
Centro de salud mental y la unidad de terapia celular, forman parte de un plan de inversiones por US$ 13 millones, que también incluye un área para la atención de adultos mayores.