El director del Servicio Civil, Pedro Lea-Plaza, informó mediante un oficio a la comisión de Constitución del Senado -al que tuvo acceso Diario Financiero- que el organismo que encabeza puede asumir los procesos de nombramientos de los cerca de 60 notarios que están pendientes y que quedaron paralizados una vez que en abril comenzó a operar el nuevo sistema de provisión de cargos, que dejó afuera a la Corte Suprema y entregó el proceso al sistema de Alta Dirección Pública (ADP) que administra el Servicio Civil.
Cabe recordar que la comisión de Constitución estudia un proyecto de ley presentado por el senador Pedro Araya, que interpreta la ley que reformó el sistema notarial para destrabar los procesos pendientes. Propone que los concursos con ternas ya listas antes de abril se resuelvan con las reglas antiguas mediante, mientras que el resto pase al Servicio Civil.
En su oficio de respuesta a una consulta de los senadores, el Servicio Civil afirmó que tiene la capacidad para ejecutar los procesos pendientes y mencionó que “este Servicio Civil se encuentra en condiciones de implementar el mandato establecido por la nueva normativa de nombramientos y ya inició los primeros concursos mediante una estrategia de despliegue gradual”.
Indicó que los dos primeros concursos fueron publicados los días 21 y 28 de junio de 2026 y se encuentran en desarrollo.
Precisan que “en el evento que se deba asumir por esta institución los concursos de cargos cuya vacancia se originó antes de la entrada en vigencia de la referida ley, corresponde informar que se está en condiciones de absorber dicha demanda”.
Respecto del plazo estimado de ejecución de los concursos, el oficio sostiene que “de acuerdo con los antecedentes que actualmente obran en poder de este servicio, y conforme a la información disponible obtenida del Ministerio de Justicia, esta Dirección Nacional estima que es posible ejecutar los concursos en un plazo de 19 meses”.
Explican que “esta proyección considera una duración estimada por cada proceso de selección de 62 días para los cargos con asiento de Corte, y de 55 días para aquellos sin asiento de Corte. Con todo, el plazo señalado podría ajustarse a un tiempo menor en la medida que se implementen mejoras tecnológicas”.
Mayores recursos
El organismo señala que resulta “indispensable un suplemento presupuestario” para el objetivo planteado y detalla lo necesario y el valor requerido.
En el ámbito de desarrollo tecnológico se estima conveniente incorporar un módulo automatizado de análisis curricular, manteniendo la validación final en el consultor responsable; implementar, para la rendición de evaluaciones, un proctoring automatizado para revisar imágenes y audio, detectar anomalías y reducir la carga manual. Cabe señalar que el “proctoring” consiste en la supervisión remota de exámenes en línea mediante tecnología. Su objetivo es verificar la identidad de quien rinde la prueba y prevenir el fraude académico o el uso de ayuda no autorizada fuera de un salón de clases físico.
El costo estimado de estas medidas, según el Servicio Civil, es de $ 50 millones para el desarrollo de análisis curricular automatizado y $ 14,8 millones anuales para el servicio de proctoring con una carga estimada de 100 concursos anuales.
También señalan que en el ámbito legal, y atendidas las circunstancias por las que la Corte Suprema ha derivado a este Servicio el concurso de los oficios que se encontraban con resolución de ternas nombradas y pendientes, y “dada la alta conflictividad de los actores involucrados, se hace indispensable la contratación de asesoría jurídica externa, especializada, exclusiva y preventiva para diseñar estrategias de defensa, analizar contingencias y apoyar reclamaciones administrativas, impugnaciones y acciones judiciales derivadas de estos concursos con un costo estimado: $ 14 millones anuales”.