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Alto contrasteInflación importada: Dilema del Banco Central
La decisión del Banco Central de mantener la tasa de política monetaria en 4,5% estuvo acompañada de una advertencia sobre la persistencia de la inflación. El aumento de los precios internacionales de la energía y los alimentos, junto con la depreciación del peso, ha elevado el riesgo de presiones inflacionarias adicionales, ante una economía debilitada.
El escenario plantea un dilema complejo para la política monetaria. Con el consumo y la inversión aún débiles, un eventual aumento de las tasas de interés para contener la inflación podría añadir nuevas dificultades a la reactivación. Pero no actuar frente a presiones inflacionarias persistentes también supone costos, que se acumulan en el tiempo y que podrían exigir un ajuste aún mayor en el futuro.
El comunicado del instituto emisor refleja la magnitud del desafío que enfrenta la economía. Desde el cierre del IPoM de septiembre, el precio internacional del petróleo ha aumentado alrededor de 25%, mientras las expectativas de inflación de corto plazo han subido significativamente. La inflación anual alcanzó 4,1% en septiembre y, aunque las expectativas a dos años se mantienen próximas al 3%, la EOF las sitúa en 3,2%. Además, el BC reconoció que el consumo y la inversión mantienen un desempeño débil, y que no puede descartarse una prolongación de esta situación hacia 2027.
La política monetaria y la fiscal tienen responsabilidades distintas, pero sus efectos sobre la economía están estrechamente relacionados.
La coexistencia de mayores presiones inflacionarias y una actividad debilitada obliga a distinguir entre aumentos transitorios de costos y aquellos que terminan extendiéndose al resto de los precios. Una reacción monetaria excesiva frente a perturbaciones de oferta podría profundizar el deterioro de la economía sin resolver sus causas -Chile no controla los precios externos de la energía-, mientras que una respuesta tardía ante un aumento persistente de las expectativas comprometería la credibilidad del Banco Central. Así, las próximas decisiones consideren tanto la evolución de la inflación subyacente como las condiciones de actividad y empleo. La mantención de la tasa resulta consistente con esa cautela, aunque el BC deberá conservar la capacidad de actuar si los riesgos inflacionarios se materializan.
En estas circunstancias, la disciplina fiscal adquiere especial relevancia para evitar que presiones adicionales sobre la demanda terminen haciendo más costoso el control de la inflación. Si bien las presiones actuales provienen principalmente del exterior, un aumento del gasto público que estimule la demanda más allá de la capacidad de respuesta de la economía podría facilitar su transmisión a otros precios y dificultar la convergencia de la inflación a la meta. La discusión parlamentaria del Presupuesto 2027 debería hacerse cargo de ese riesgo, evitando que las presiones políticas conduzcan a compromisos de gasto incompatibles con la estabilidad macroeconómica.
La política monetaria y la fiscal tienen responsabilidades distintas, pero sus efectos sobre la economía están estrechamente relacionados. Mientras el Banco Central debe resguardar la estabilidad de precios, corresponde al gobierno contribuir a ese objetivo mediante una trayectoria fiscal creíble y medidas que favorezcan la inversión y la productividad. En un escenario de inflación importada y actividad debilitada, la prudencia monetaria requiere también responsabilidad fiscal.
