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REGÍSTRATE AQUÍComunidades indígenas invocaron el Convenio 169 tras formulación de cargos por problemas en el Salar de Llamara.
Por: Tomás Vergara P.
Publicado: Miércoles 21 de junio de 2017 a las 04:00 hrs.
Alejado de los arbitrajes que mantiene Corfo y SQM por los contratos de arrendamiento del Salar de Atacama, la entidad dirigida por Eduardo Bitran se anotó un punto en un conflicto que corre en paralelo.
Esto, porque la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) desestimó un recurso jerárquico ingresado por SQM Salar en el marco de un proceso sancionatorio que inició en noviembre la autoridad y que Corfo pidió hacerse parte.
La SMA reiteró la competencia del organismo como interesado del proceso que surgió a raíz de irregularidades en la extracción del mineral en el Salar de Atacama.
Según se defendía la empresa, a la entidad no le correspondía participar por tratarse de “un organismo de la administración del Estado, y como tal, su intervención en un proceso administrativo no puede efectuarse bajo el carácter de interesado”.
Sin embargo, la SMA desestimó esta argumentación, ya que entre otras cosas, las infracciones por las que se cuestiona a SQM Salar podrían incluso poner en riesgo la
estabilidad del ecosistema del Salar de Atacama, lo que además “constituyen graves incumplimientos de las obligaciones contractuales asumidas con Corfo”.
La autoridad agrega que el interés no sería sólo económico, sino que una responsabilidad en la gestión sustentable del reducto, “especialmente considerando que el litio constituye un bien estratégico para el Estado”.
En otro proceso sancionatorio que lleva la SMA, las comunidades Indígenas Quillagua y Huatacondo solicitaron a la autoridad hacerse parte del proceso en el que se acusa a SQM de extracción ilegal y masiva de aguas, por sobre el caudal total autorizado en las cercanías del Salar de Llamara, en la Región de Tarapacá.
Los argumentos de las comunidades se sustentan en tres puntos: la Ley Indígena, el Código de Aguas y el Convenio 169. Además, se cita la jurisprudencia existente, más precisamente una resolución en la que se le negó a Codelco el permiso para la explotación de agua en terrenos pertenecientes a comunidades locales.
Conocedores del caso dicen que la unión de estos tres argumentos podrían permitir, entre otras cosas, la participación de las comunidades.
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