Hacienda Chada -considerada la principal compañía frutícola de la zona central y de la Región de Coquimbo, de propiedad del empresario Carlos Barros Barros- logró sacar adelante un proceso de reorganización judicial y así evitar la quiebra.
Hoy martes 4 de agosto, se llevó a cabo la junta de acreedores en forma presencial, ante la jueza del Primer Juzgado de Letras de Buin, Myriam Ortiz Urra. En la audiencia, los profesionales del Estudio Nelson Contador Abogados & Consultores, expusieron ante un gran número de acreedores la propuesta de reorganización, la que fue aprobada con el apoyo del 86,28% de los acreedores garantizados y del 98,72% de los valistas.
La firma –que en temporadas de cosecha emplea a más de 1.700 trabajadores- inició este proceso ante la justicia en abril pasado, cuando informó pasivos por unos US$ 97 millones. Las deudas directas con bancos y algunos proveedores supera los US$ 42 millones.
El Banco Consorcio también visó la reorganización, con lo cual se puso término a la petición de quiebra o liquidación forzosa que esta entidad financiera había solicitado en contra de la hacienda.
Ésta maneja siete fundos en las regiones Metropolitana y de Coquimbo y se dedica principalmente a la producción y comercialización de uva, cerezas y cítricos, y su modelo abarca desde el cultivo hasta la distribución global a través de sociedades exportadoras.
Al justificar su reorganización, apuntó a la pandemia (2020), un evento climático de carácter extraordinario en zonas productivas relevantes (2021), una “crisis logística” por el aumento de la demanda mundial tras la crisis sanitaria (2022) y una fuerte caída en los precios internacionales de la cereza producto de “una sobreoferta significativa” en el mercado chino (2024).
El plan aprobado
El objeto del acuerdo visado por los acreedores considera la continuidad total del giro agrícola y comercial de la empresa, el pago íntegro de los créditos afectos a la reorganización judicial y la venta ordenada de determinados activos para una amortización extraordinaria de estos préstamos.
Para los acreedores garantizados y valistas se considera, entre otros puntos, un período de gracia para el pago del capital, hasta el 1 de julio de 2028.
Además, se establece un proceso de venta de los activos inmobiliarios de propiedad de la compañía, que será llevado a cabo por la interventora concursal, bajo las instrucciones del acreedor garantizado respectivo, respetando los precios mínimos de venta, que se mantuvieron en reserva para -según conocedores- potenciar buenas ofertas.
El mecanismo de venta incluye la posibilidad de adjudicación del inmueble por el acreedor garantizado con cargo a su crédito.
Además, el interventor administrará el producto de las ventas y la prioridad de pago será: obligaciones laborales/tributarias y créditos de primera clase, luego amortización extraordinaria al acreedor garantizado respectivo y, posteriormente, a prestamistas valistas no relacionados.
Los principales acreedores garantizados son los bancos Consorcio ($ 23.986 millones), Del Estado ($ 5.155 millones) y Bice ($ 4.205 millones).
Por su parte, los principales acreedores valistas son el banco Santander-Chile ($ 2.663 millones) y Tanner Servicios Financieros ($ 851 millones).