En noviembre de 1958, Juan Almonacid y Mario Marchant fundaron Transportes Cruz del Sur como un servicio que buscaba romper el aislamiento de la isla de Chiloé. En aquellos años, la travesía demoraba unas ocho horas e implicaba cruzar el canal en lanchas a vela. Como una extensión natural del negocio original, y precisamente para resolver el cuello de botella que la compañía tenía que enfrentar al cruzar el Canal de Chacao, en 1980 surge Naviera Cruz del Sur, el brazo marítimo del grupo familiar y uno de los principales operadores de transbordadores del canal.
Hoy, cuando cuenta con cinco naves operativas para cubrir el servicio de transbordadores bajo un régimen ininterrumpido, la empresa enfrenta el mayor hito competitivo en sus 68 años de historia. El Puente Chacao, la mayor obra pública actualmente en ejecución en Chile, proyecta iniciar sus operaciones en octubre de 2028, conectando la isla grande de Chiloé con el continente y transformando para siempre la logística del transporte en la Región de Los Lagos.
El viaducto unirá ambos territorios en apenas tres minutos, con un costo cercano a los $ 10 mil para vehículos menores, lo que se compara con tiempos de cerca de 40 minutos y tarifas en torno a los $ 16 mil para vehículos livianos en el caso del transporte marítimo.
Orlando Almonacid, gerente general de Naviera Cruz del Sur.
No hay Plan B
Este inminente cambio de paradigma tiene a Naviera Cruz del Sur en compás de espera y por ahora no existe un Plan B. “Mientras no esté terminado y en operación sería apresurado anticipar qué ocurrirá con el servicio marítimo”, señala a DF Regiones el gerente general de la empresa, Orlando Almonacid. “Hoy no tenemos definida una alternativa para ese escenario. Cuando el puente esté funcionando y podamos conocer cómo se configura la nueva conectividad, evaluaremos responsablemente lo que corresponda”, afirma.
Mientras tanto la compañía resolvió mantener las inversiones operativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio, pero dejar en pausa las inyecciones de capital de mayor alcance. Almonacid reconoce que estas últimas “se irán definiendo cuando exista mayor certeza respecto del marco operativo y regulatorio”.
Mientras tanto, la empresa sigue confiando en su trayectoria. “Cruz del Sur lleva 68 años conectando Chiloé con el continente y esa experiencia seguirá siendo parte de la empresa. Vemos oportunidades de desarrollo en los negocios que conocemos y en los que hemos construido capacidades durante décadas, como el transporte de pasajeros terrestre, la carga, la logística y los servicios marítimos. Nuestra fortaleza está en la integración”, explica Almonacid.
Diésel y tarifas
Pero incluso antes de la inauguración del puente, la naviera ya ha debido afrontar otros desafíos, particularmente la fuerte alza en los precios del diésel, el principal insumo de su flota, provocada por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.
Aunque la compañía absorbió el diferencial de costos durante varios meses, apostando a que la confrontación sería transitoria, finalmente, en octubre, se vio obligada a concretar un reajuste tarifario de entre 3% y 4%. “El precio se mantuvo alto y con tendencia al alza, por lo que no era sostenible seguir absorbiendo esa diferencia”, explica el gerente general, enfatizando que la empresa intentó acotar el alza “para mantener la continuidad y la seguridad del servicio”.
Controversia regulatoria
Sobre este complejo escenario base es que más tarde surgió un nuevo frente financiero, una disputa laboral - regulatoria que cruza a toda la industria armadora del sur austral y que escaló hasta la Corte Suprema.
Las navieras se enfrentan actualmente a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) por una nueva exigencia que obliga a las compañías a aumentar la dotación mínima de tripulantes. En la práctica, debido al sistema de turnos de una operación 24/7, la medida impone contratar a cerca de ocho oficiales adicionales por cada nave.
“Para los cinco transbordadores que operamos en el Canal de Chacao, este cambio significaría incorporar cerca de 40 oficiales adicionales, con un costo aproximado de
$ 1.920 millones al año”, advierte el ejecutivo. Aunque subraya que la seguridad es un tema intransable para la empresa, cuestiona la viabilidad de la medida, ya que “existe una dificultad real para encontrar en el mercado la cantidad de oficiales con las certificaciones requeridas” para el cargo.
De concretarse la medida, presionaría por nuevas alzas tarifarias, que podrían afectar aún la competitividad del servicio frente a la alternativa del puente.
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