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Alto contrasteRigor técnico para la CMF
La ratificación de Macarena Lobos y Juan Esteban Laval como comisionados de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) fortalece la continuidad técnica de una institución clave para la confianza y el desarrollo del mercado de capitales chileno. Ambos cuentan con las competencias y la experiencia que exige el cargo. Los reparos sobre una eventual puerta giratoria, debido a la trayectoria de Laval en la Asociación de Bancos, son legítimos y requieren resguardos frente a posibles conflictos de interés. Sin embargo, no justifican desestimar sus capacidades ni presumir que actuará en favor de la industria.
El martes 20 de octubre, el Senado aprobó las nominaciones del Presidente José Antonio Kast con 31 votos a favor, 11 en contra -entre ellos los del PS, que había respaldado la continuidad de Bernardita Piedrabuena- y tres abstenciones. Lobos, abogada y doctora en Derecho, fue subsecretaria de Hacienda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y subsecretaria y ministra de la Secretaría General de la Presidencia durante la administración de Gabriel Boric. Laval, abogado y magíster en Políticas Públicas, fue abogado jefe del Banco Central entre 2004 y 2012 y fiscal de la Asociación de Bancos desde 2014.
Extender ese estándar al conjunto de la vida pública contribuiría a fortalecer la confianza en las instituciones del país.
El ejercicio de estas funciones está sujeto a normas de probidad que obligan a declarar el patrimonio y los intereses, informar al Consejo ante eventuales conflictos y abstenerse de intervenir en los asuntos correspondientes, dejando constancia en acta. Se trata de mecanismos que permiten evaluar situaciones concretas, sin reducir el juicio sobre la independencia de sus integrantes a su trayectoria profesional.
Uno de los principales desafíos de la CMF será la implementación del sistema de finanzas abiertas, cuya normativa entrará en vigor en julio de 2027. Su puesta en marcha deberá facilitar el ingreso de nuevos competidores y el intercambio de información financiera, resguardando los datos y derechos de los usuarios. Para ello, las exigencias regulatorias deberán ser proporcionales a los riesgos de cada actividad, de manera que garanticen una protección efectiva sin levantar barreras de entrada.
En este escenario, Lobos y Laval deberán demostrar independencia de criterio, especialmente en decisiones que involucren a sectores con los que han mantenido vínculos profesionales. Ello supone revisar prácticas establecidas y evaluar con el mismo rigor las posiciones de las entidades dominantes y de quienes buscan competir con ellas.
La CMF es un referente institucional que conviene preservar, tanto por su aporte al funcionamiento del sistema financiero como por los estándares técnicos y de probidad que rigen su labor. Esa misma seriedad debiera orientar el debate público y la prevención de conflictos de interés en otros ámbitos, aplicando criterios igualmente rigurosos ante vínculos empresariales, políticos o de cualquier otro origen. Extender ese estándar al conjunto de la vida pública contribuiría a fortalecer la confianza en las instituciones del país.
