Registrada en el sistema EthicsPoint con el número 1678 y asociada a la División Chuquicamata. Así está la denuncia anónima recibida el 25 de febrero de este año que desencadenó la crisis en Codelco por el abultamiento de la producción en casi 27 mil toneladas de cobre con cargo al ejercicio 2025 y se transformó en uno de los episodios de mayor impacto para el gobierno corporativo de la estatal en los últimos años, implicando una revisión completa de la producción, una denuncia al Ministerio Público, seis ejecutivos amonestados y un gerente despedido: César Márquez.
La pieza clave del caso es la auditoría interna solicitada por el comité del directorio presidido por Tamara Agnic. Aunque hasta ahora no se conocía en su totalidad tal reporte, en la demanda laboral interpuesta por el exgerente de presupuesto y control de gestión, César Márquez, se anexó dicho documento, que consta de 93 páginas y en donde no solo se relata qué pasó, sino quiénes estuvieron involucrados y quiénes fueron investigados.
El documento entrega varios datos. Por ejemplo, aunque en todos los años se computaba producción fuera de catálogo -o remanentes productivos- en 2025 ese ítem se incrementó en 161,6% respecto del ejercicio previo. Y en relación al año 2022, esta producción sin procesar se multiplicó casi por nueve veces: pasó de 5.892 toneladas a 52.135 toneladas en 2025. Cómo partió el tinglado: con un correo del (ex)vicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, con el asunto: “Proyección de producción divisional” de 1 de diciembre de 2025.
La auditoría interna “confirmó desviaciones en el reconocimiento y reporte de 20.000 tmf (toneladas métricas) de cobre contenido en ‘óxidos’ de la División Chuquicamata”, los cuales fueron imputados a la producción de 2025 y cuyo tratamiento efectivo estaba programado para 2026 y 2027”. Además, el reporte señala que “si bien cuentan con parte de las formalidades requeridas, su reconocimiento como producto final, y no como producto en proceso, constituye una interpretación errónea de la normativa”.
"Debía realizarse a todo evento: las defensas de los ejecutivos investigados
El expediente de la auditoría incorpora los descargos de siete ejecutivos y profesionales que fueron objeto de observaciones por parte de auditoría interna. Se trata del exgerente de presupuesto y control de gestión, César Márquez; el gerente corporativo de recursos mineros y gestión de la producción, Juan Cristóbal Videla; el entonces gerente general de División Chuquicamata, René Galleguillos; el gerente de recursos mineros y desarrollo de esa división, Rodrigo Quiroz; además de José Castro Farías, César Jiménez Soto y Rodrigo Díaz Lineros, estos últimos vinculados a la arista sobre el registro de 6.875 toneladas de arsenito de calcio en División Ministro Hales.
En sus descargos, los principales involucrados defendieron que actuaron conforme a la interpretación vigente de la normativa y sostuvieron que la iniciativa para incorporar las 20 mil toneladas de cobre como producción fue impulsada desde la casa matriz. Galleguillos afirmó que la división “no tenía necesidad” de presentar la iniciativa y reconoció que “me sentí incómodo” porque el mineral se procesaría en los dos años siguientes. En tanto, Videla aseguró que entendió que la operación “debía realizarse a todo evento” para cumplir el lineamiento de cerrar 2025 con una producción superior a la de 2024 y que “no lo vi como algo regular, pero tampoco como una falta”.
Qué declararon los vicepresidentes:
había “urgencia” para cumplir con la producción y se pidieron “esfuerzos”
“Efectivamente, había urgencia en cumplir con el plan (de producción) y solicitudes de esfuerzos a las divisiones para aportes adicionales que permitieran mejorar la producción”. Quien así lo señaló es el vicepresidente de comercialización, Brian Chiple, en la entrevista con los auditores. El mismo ejecutivo envió el 9 de diciembre de 2025 un mail al entonces CEO de Codelco con este asunto: “Gestión de Productos no Tradicionales”, donde expresó: “Así vamos a la fecha con la cuenta del carnicero respecto a la operación rastrillo 2025”, detallando que en “noviembre ingresamos lo que más pudimos” y admitió que “vamos apretados con el tema inventario para fin de año”.
Chiple es uno de los VP nombrados en la auditoría; otro es el VP de operaciones, Mauricio Barraza, quien -según el texto- es responsable de una “desviación alta” de la normativa, pero no se le cursaron sanciones porque fue removido sin indemización el 13 de febrero por su rol en la crisis de El Teniente.
El vicepresidente de recursos mineros, Julio Díaz, admitió que “la norma utilizada (para computar producción sin procesar) abre la posibilidad de efectuar declaraciones al límite de lo racional y lo ético”. Su par de estrategia y control de gestión, Sebastián Court, dijo que “Videla (gerente de recursos mineros) y la VRMD (vicepresidencia de recursos mineros) dieron el ok a los balances y consideré que era muy tarde para cuestionar la producción reportada, creo que ellos fueron blandos”.
Máximo Pacheco y Rubén Alvarado:
auditoría dejó fuera de su análisis sus eventuales responsabilidades
El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y el entonces presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, no fueron objeto de un análisis sobre sus eventuales responsabilidades en el informe de auditoría interna. El documento precisó que la investigación se concentró en los ejecutivos directamente involucrados y “no evaluó otras responsabilidades de altos ejecutivos de la organización, por omisión de supervisión (...) o por falta de gestión superior en la administración de la empresa”. Pese a ello, el expediente incorporó antecedentes sobre la alta administración, entre ellos un correo enviado el 9 de diciembre de 2025 a Alvarado en el marco de la “Operación Rastrillo 2025”, además de los descargos de César Márquez, quien afirmó que la iniciativa era conocida por los vicepresidentes y el presidente ejecutivo antes del cierre de los resultados.
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