Continúa avanzando la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción nacional, una de las principales reformas del Ejecutivo. Esto, pese a la polémica del viernes pasado que llevó al Ejecutivo a retirar su indicación que bajaba a 22% el impuesto corporativo -en lugar del 23% original- debido a lo que se calificó como un "malentendido" con el PPD en torno a acotar la invariabilidad tributaria del proyecto.
Este lunes y en medio de intensas negociaciones entre el gobierno y la oposición, la comisión de Hacienda del Senado aprobó los cambios propuestos por Hacienda en materia de invariabilidad tributaria, que mantuvo su parte del acuerdo con el partido de la oposición pese a que el PPD retiró su apoyo.
Y si bien este es el artículo más emblemático a la luz de la polémica del viernes, no fue lo único que ocurrió en la comisión, ya que mucho antes de lo esperado, a las 16:27 de la tarde, la instancia parlamentaria despachó todo el articulado del proyecto a la Sala de la Cámara Alta, con lo que la iniciativa podría ser votada en dicha instancia durante este martes y, eventualmente, hacer lo mismo en su tercer trámite el miércoles en la Sala de la Cámara de Diputados.
En caso de aprobarse en ambas salas, la emblemática propuesta del Ejecutivo podría convertirse en ley este miércoles 15 de julio.
Ahora, para que este escenario se materialice, los comités de senadores tienen que tomar un acuerdo por unanimidad. Este martes al mediodía se desarrollará una reunión en Valparaíso donde los distintos grupos de senadores analizarán dicha opción. El vicepresidente de la Cámara Alta, Iván Moreira (UDI), señaló que el acuerdo implica votar en Sala el proyecto este miércoles, pero que se puede adelantar para el martes dicho hito si los legisladores así lo concuerdan.
El detalle de la invariabilidad
Por tres votos a favor (de los oficialistas Javier Macaya de la UDI, de Rodolfo Carter de Republicanos y de la RN María José Gatica) y dos en contra (de los opositores Diego Ibáñez del FA y y de Paulina Vodanovic del PS), la comisión de Hacienda visó la indicación del Ejecutivo con cambios al mecanismo de invariabilidad tributaria para proyectos de inversión y la despachó a Sala.
Las enmiendas aprobadas establecen que el mecanismo de invariabilidad tributaria del proyecto no será parejo por 25 años para inversiones desde US$ 50 millones, como decía el texto original, sino que será escalonado con plazos entre 10, 15 y 20 años para proyectos de entre US$ 50 millones y sobre US$ 350 millones.
Para acceder al mecanismo de estabilidad, el Fisco solicitará al inversionista el pago de una sobretasa de 1,5 puntos porcentuales del impuesto de Primera Categoría.
En las indicaciones visadas se explicitan cambios importantes sobre el régimen de invariabilidad, el que estará vigente a partir del 1 de enero de 2027.
Para acceder al régimen de invariabilidad, los inversionistas extranjeros deberán proporcionar antecedentes que hagan presumible el origen lícito de los fondos, la capacidad financiera del grupo empresarial, entre otros antecedentes relativos a la ejecución del proyecto, que fije el reglamento.
Los inversionistas deberán declarar, según el tipo de proyecto, el impacto estimado en empleo directo e indirecto, los encadenamientos productivos nacionales y regionales previstos, y un plan de relacionamiento territorial cuando el proyecto genere impactos relevantes en comunidades o territorios específicos.
La suscripción de un contrato de inversión extranjera no implica la aprobación del desarrollo o ejecución de un proyecto de inversión en Chile. Para dichos efectos, los inversionistas deberán cumplir con la legislación común aplicable.
Los inversionistas extranjeros que suscriban contratos de inversión tendrán derecho, por las respectivas inversiones, a una carga impositiva efectiva total a la renta equivalente a aquella aplicable según la normativa vigente a la fecha del contrato de inversión respectivo.
Los titulares de inversiones extranjeras que firmen el contrato con el Estado tendrán derecho a que en sus respectivos contratos se establezca que se les mantendrá invariable, por el período en que demore realizar la inversión pactada, el régimen tributario del impuesto sobre las ventas y servicios y el régimen arancelario, aplicables ambos a la importación de máquinas y equipos que constituyen bienes de capita.
Se incluirán en los respectivos contratos estipulaciones sobre la mantención sin variaciones para los respectivos inversionistas extranjeros o las empresas receptoras de la inversión de las resoluciones, interpretaciones administrativas, y circulares que haya emitido el Servicio de Impuestos Internos (SII), vigentes a la fecha de suscripción del respectivo contrato, en lo relativo a regímenes de depreciación de activos, arrastre de pérdidas a ejercicios posteriores y gastos de organización y puesta en marcha.
En el caso de proyectos mineros, se incluirá en los contratos el derecho a mantener invariables las normas legales vigentes a la fecha de suscripción del respectivo contrato en lo relativo al impuesto denominado royalty minero; no estar afectos a cualquier nuevo tributo, incluidas las regalías, cánones, contribuciones, o cualquier otra carga similar, específicos para la actividad minera, que se establezcan luego de la fecha de suscripción del contrato de inversión extranjera respectivo; y no verse afectados por modificaciones que se introduzcan al monto o forma de cálculo de las patentes de explotación y exploración.
Cada tres años, el Ministerio de Hacienda deberá emitir un informe público sobre el cumplimiento de los contratos de invariabilidad vigentes, su impacto fiscal, inversión y empleo generado, encadenamiento productivo, efectos económicos regionales, entre otros.
La senadora Paulina Vodanovic, del PS, y su colega Daniel Núñez del PC, anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) por la aprobación de este artículo.
El biministro Alvaro respondió este lunes las consultas de la prensa sobre el acuerdo con el PPD. Foto: Aton
Otras normas
La instancia, que sesionó desde las 9:30 de este lunes -con una pausa entre 13;30 y 15 horas- también aprobó una serie de otros artículos relevantes para la iniciativa.
Por ejemplo, se visó el artículo que flexibiliza los convenios para la reprogramación de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), así como la supresión de una serie de artículos aprobados por la Cámara de Diputados y que eran considerados inconstitucionales por el Ejecutivo, como por ejemplo el que establecía el beneficio de la sala cuna universal, otro que prohibía el anatocismo financiero (el cobro de intereses sobre intereses) y otro que obligaba a las empresas de servicios básicos a reconectar la entrega de las prestaciones a clientes afectados por alguna catástrofe.
También, se visaron los cambios propuestos por el Ejecutivo facilitar que las municipalidades logren el cobro de derechos de aseo y patentes comerciales pendientes, así como la inyección de 1,5 millones de Unidades Tributarias Mensuales (UTM) al Fondo Común Municipal (FCM) para compensar la menor recaudación por la exención de contribuciones de bienes raíces para la vivienda principal de adultos mayores de 65 años.
También la comisión aprobó la nueva facultad para que la Dirección de Presupuestos (Dipres) acceda a mayores cruces de información con otros organismos del Estado para evaluar la eficiencia del gasto público y detectar posible mal uso de recursos.
Discrepancias y artículos al TC
En la tramitación, Hacienda sorprendió al patrocinar indicaciones de senadores de oposición para que la ampliación de la gratuidad en la educación superior se expanda solo en la medida que se cumplan ciertos gatillos macroeconómicos. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, retiró el patrocinio unos minutos más tarde debido a que entregó la interpretación de que la ampliación hacia la gratuidad universal implicaría el envío al Congreso de una ley expresa, no siendo automático lo que fue rechazado por la senadora Vodanovic -cuya enmienda había sido patrocinada por el Ejecutivo-.
Hacia el cierre de la sesión, la comisión aprobó -en algunos casos con votos a favor o abstenciones de senadores oficialistas- una serie de indicaciones que el Ejecutivo enviará al Tribunal Constitucional debido a que escaparían de las ideas matrices del proyecto, como una que establece el derecho al olvido en materia financiera, a través de dos maneras: que los responsables del tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial deberán eliminar de sus registros, internos o de comunicación a terceros, los datos personales relativos a información financiera de deudas impagas o extinguidas de personas naturales, cuando la deuda se hubiere hecho exigible o se hubiere extinguido, lo primero que ocurra, hace más de cinco años contados desde la entrada en vigencia de la presente ley; y que las entidades del sistema financiero, bancario y comercial no podrán utilizar la información eliminada en virtud de este artículo, ni la información relativa a deudas extinguidas, prescritas o pagadas, como criterio para denegar el acceso al crédito, a productos financieros o a la apertura de cuentas a una persona natural.
Asimismo, la instancia aprobó todos los artículos transitorios que dan forma al calendario de implementación del proyecto.
Ya el viernes se habían visado otras normas clave, como la rebaja del impuesto corporativo desde 27% a 23% en un plazo de tres años; la reintegración del sistema tributario de impuesto a la renta; y la reformulación del crédito tributario al empleo, por citar solo algunas.
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