El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó que la entrega final del estratégico bypass Castro-Chonchi (Región de Los Lagos), sufrirá nuevos retrasos y requerirá una inyección adicional de recursos fiscales.
Tras una serie de presiones por parte de las comunidades locales y autoridades comunales que exigen mayores garantías de seguridad vial, el Gobierno se vio en la obligación de renegociar administrativamente las condiciones del proyecto para incorporar obras que no estaban contempladas en la etapa final de ejecución.
El Seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, detalló en terreno que las nuevas exigencias de seguridad requerirán "modificaciones de plazo y de monto" en el contrato vigente, el cual está en manos del Consorcio Icafal Sicomac (Sociedad Ingeniería, Construcción y Maquinaria SpA).
Cabe recordar que esta última licitación para concluir el 30% restante de la ruta fue adjudicada por $ 25.166 millones en 2024, un presupuesto que ahora deberá ser revaluado al alza por la cartera. "La empresa ya tiene intenciones de poder ejecutar estas medidas, (pero) tenemos que ver administrativamente cómo las gestionamos desde un punto de vista financiero. Esa fecha de término la vamos a informar cuando corresponda", sinceró Quinteros, confirmando que la entrega de la vía de 16 kilómetros no se concretará en los plazos que estaban estipulados para el 29 de julio.
Semáforos y readecuación logística
Entre las exigencias que el Fisco deberá costear y adicionar al contrato para destrabar el conflicto con los vecinos se encuentran la instalación de tachones, demarcación, señalización vertical y reductores de velocidad en los "cuellos de acceso".
A esto se suma una intervención de mayor impacto en la logística de la ruta: el Seremi de Transportes, Rodrigo Böttger, confirmó el inicio de estudios de factibilidad técnica, vehicular y peatonal para instalar semáforos en cuatro cruces críticos del trazado. Asimismo, desde la Delegación Presidencial adelantaron que se deberán ejecutar mejoras en la red de alcantarillado y pavimentación en vías aledañas a recintos educacionales.
Estas nuevas condicionantes, junto a las reducciones obligatorias en las velocidades de operación, impactarán directamente en los tiempos de traslado de la cadena logística de la Región de Los Lagos que utilizará este corredor.
El peso de los sobrecostos
Para encauzar la renegociación, el MOP, el Ministerio de Transportes y los alcaldes de Castro (Baltazar Elgueta) y Chonchi (Fernando Oyarzún) establecieron una mesa de trabajo de frecuencia mensual para monitorear el cierre administrativo y financiero de la obra.
El ajuste presupuestario que se tramita actualmente se suma a la abultada billetera estatal que ha demandado el bypass a lo largo de sus más de 11 años de accidentada ejecución. A la fecha, la inversión histórica de la iniciativa supera ampliamente los $ 45 mil millones, considerando los contratos previos fallidos.
Esta cifra, además, no incluye las contingencias legales pendientes del proyecto. Actualmente, la anterior constructora a cargo, Claro Vicuña Valenzuela (en liquidación), mantiene una demanda civil contra el Fisco por más de $ 11.567 millones. La firma acusa al MOP de generar millonarios sobrecostos operacionales producto de atrasos en la entrega de terrenos que presentaban hallazgos arqueológicos.
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