A poco más de un mes de haber asumido la presidencia de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en Concepción, Rodrigo López ya ha marcado la pauta de lo que será su mandato de dos años. Temas como la reactivación económica del Biobío y el estancamiento del presupuesto para la ejecución de obras públicas, son parte de los desafíos que urgen al gremio, que este año celebra sus 75 años de trayectoria.
En conversación con DF Regiones, el líder de los constructores alertó que los recursos de este año en esta materia cayeron un 7% respecto a 2025 y que el 94% de dichos fondos se destinó a iniciativas de arrastre. El panorama no mejoraría para 2027, en que el gremio proyecta sólo un 0,9% de crecimiento a nivel nacional. “Estimamos que 90% del presupuesto (regional) va a ser para pagar obras que están en ejecución en este minuto”, una situación que pone al Biobío “con un escaso margen de crecimiento de obras nuevas. Eso es lo que nos preocupa”.
La limitación presupuestaria es definida por el gremio como un obstáculo para el desarrollo económico, pues en el caso del sector, las empresas contratistas y subcontratistas locales dependen en gran medida de las licitaciones públicas para mantener activas sus operaciones y retener a su fuerza laboral.
Pero va más allá. El escenario impacta a toda la cadena de valor asociada al rubro: desde los proveedores de materiales y transportistas, hasta el comercio local de servicios que se nutre del dinamismo económico y el flujo de personas que genera cada faena u obra pública que se levanta en la zona.
“La prioridad es destrabar del orden de 19 proyectos con financiamiento privado, que equivalen a más de US$ 700 millones, que están detenidos en alguna parte, en algún departamento público”.
Ruta Interportuaria
Un ejemplo del impacto en el desarrollo local se evidencia en la falta de financiamiento para la extensión de los últimos cuatro kilómetros de la Ruta Interportuaria, un proyecto estimado en $ 88 mil millones, que se ejecutaría con presupuestos sectoriales del MOP.
“Esta ruta es necesaria por la conexión que tiene que tener el aparataje portuario, que en la región es muy potente. La concesionaria necesita esta conexión y en un principio el Gobierno anterior definió que se haría con fondos sectoriales”. Sin embargo, López hace hincapié en que una obra de este monto absorbería parte importante de los fondos del MOP en Biobío; por lo tanto, “que lo asuma es complejo porque compromete muchos recursos”, detalla.
Sobre este aspecto, adelanta que el gremio ha sostenido reuniones con autoridades y la concesionaria. “Ellos están dispuestos a poner estos recursos y aumentar la cantidad de años de concesión. Entonces, en eso estamos hoy día tratando de trabajar con el Ministerio de Obras Públicas, con el Seremi, en tratar de que se les pueda aumentar los años de explotación de esta concesión, en virtud de que la empresa ponga los recursos y materialice esta ampliación que es tan necesaria”, puntualizó.
Gestión política
Para contrarrestar esta paralización de la inversión estatal, la directiva la CChC en Concepción presentó a los políticos locales una propuesta enfocada en liberar iniciativas detenidas por la burocracia. “La prioridad es destrabar del orden de 19 proyectos con financiamiento privado, que equivalen a más de US$ 700 millones, que están detenidos en alguna parte, en algún departamento público”. La ejecución de estas carpetas iría en "directa relación con la disminución de empleo sin comprometer fondos fiscales'".
En paralelo a la inversión en infraestructura, la Cámara propone inyectar dinamismo económico acelerando soluciones que respondan a los 82 mil requerimientos por viviendas habitacionales. López detalló que "existen del orden de 21 proyectos que podrían adelantarse y eso significaría más o menos la construcción o la materialización de 4.800 viviendas" asociadas al subsidio DS-19. Su ejecución podría reducir el déficit habitacional que arrastra el Biobío, permitiendo de paso que las familias accedan a barrios bien localizados, con buen acceso a servicios básicos, áreas verdes, transporte y equipamiento urbano de calidad.
Planes reguladores
Sin embargo, la concreción de proyectos, tanto inmobiliarios como de obras públicas está supeditada a los Planes Reguladores Comunales. En temas de edificación, en algunas comunas como Concepción han puesto una condición limitante. Desde 2021, el municipio aprobó una modificación que impide a los edificios extenderse más allá de los ocho pisos de altura en el casco céntrico. Esta definición ha condicionado la presentación de nuevos proyectos inmobiliarios.
“La decisión de limitar la altura, por ejemplo, significa que al no tener terrenos edificables, genera un déficit y eso se materializa en que en los últimos cinco años ha habido muy pocos permisos de edificación, en particular en la comuna de Concepción”. Según datos del gremio, en el periodo mencionado sólo se han gestionado siete permisos de edificación, una baja de 74%.
Esta situación ha desplazado los polos de desarrollo inmobiliario hacia San Pedro de la Paz y Coronel, que según el estudio “Visor de suelo”, elaborado por el gremio junto la Universidad Católica de la Santísima Concepción, identificaron a estas comunas como las únicas con superficie disponible para el desarrollo inmobiliario.
Sin embargo, ambas dependen de la Ruta 160 como principal vía de conectividad con el Gran Concepción, hoy agobiada por la alta congestión vehicular y el cambio en el modelo de financiamiento (de Concesiones a Vialidad) del proyecto de Corredores de Transporte Público que vendría a mejorar los desplazamientos por la arteria.
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