En un nuevo giro de los acontecimientos, Andes Iron cambió su estrategia judicial y apostó a que su proyecto minero-portuario Dominga sea ratificado por la vía administrativa, contando como aliadas a cuatro organizaciones sociales de La Higuera, el municipio en la Región de Coquimbo donde se emplaza la inversión.
Para entender el caso, hay que considerar que en los primeros dos días de junio de este año, cuatro organizaciones sociales de la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, presentaron solicitudes de invalidación ante el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). El Comité de Agua Potable Rural de Caleta Los Hornos; la Asociación Federativa de Pescadores Artesanales del Borde Costero de La Higuera; la Central Sindical Unión Nacional de Trabajadores de Chile y el Sindicato Nacional Interempresa de Faeneros de Chile pidieron anular la resolución del Comité de Ministros del 14 de enero de 2025 -presidido por la entonces ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas- que rechazó el proyecto minero-portuario Dominga, en contra de lo que pocas semanas antes había definido el Tribunal Ambiental, que sí dio el vamos a esta inversión.
En simple, las entidades comunitarias piden que se concrete la iniciativa minero-portuaria, que supone una inversión de más de US$ 3.000 millones.
Estas peticiones fueron admitidas a trámite en el SEA, ahora dirigido por Arturo Farías, el pasado 16 de septiembre. Según fuentes del proceso, corresponde que el Comité de Ministros, ahora presidido por Francisca Toledo como titular de Medio Ambiente y decididamente pro-inversión, zanje de una vez por todas la iniciativa, que lleva 13 años en trámites administrativos y judiciales. Como lo señaló un abogado que participó en alguna de las innumerables etapas de la causa, “que se acabe el loop judicial en que está ahora el proyecto Dominga”.
Eso explica que Andes Iron, titular de la iniciativa, haya desistido de sus recursos ante la Corte Suprema. “Frente a la presentación, por parte de organizaciones sociales, de diversas solicitudes de invalidación en contra de la resolución del Comité de Ministros de enero de 2025 que abiertamente contravino lo decidido por el Primer Tribunal Ambiental, y a objeto de no obstaculizar su avance, Andes Iron ha decidido desistirse de los recursos de casación y de queja que había interpuesto en miras a lograr una adecuada ejecución de dicha sentencia judicial”.
La dueña de Dominga, ligada a la familia Délano Fuentes, hizo ver que la última sentencia judicial que hay al respecto “validó categóricamente la evaluación ambiental del proyecto y su posterior calificación favorable”.
“En las actuales circunstancias, Andes Iron estimo como prioritario que se rectifique una actuación administrativa que se realizó en desacato, por lo que ha adoptado esta decisión en respeto y deferencia a las organizaciones sociales que legítimamente se encuentran procurando progreso y desarrollo para la Región de Coquimbo”, indicó la empresa.
Cabe señalar que Andes Iron inició las obras de construcción de la iniciativa que considera una producción anual de 12 millones de concentrado de hierro de alta ley y 150.000 toneladas de cobre.
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Valeria Ibarra
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