Con una trayectoria de ocho años en la institución, donde llegó por un reemplazo en abril de 2018 como abogado de la división jurídica hasta convertirse en 2022 en director regional del SEA de la Región Metropolitana tras un proceso en el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), es hoy el primer timonel designado por un Presidente de la República que viene del mismo Servicio, en un momento donde la entidad es seguida de cerca por su relevancia en la tramitación de proyectos de inversión.
De hecho, al aterrizar en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast instruyó destrabar 51 proyectos con procesos de reclamación pendientes, lo que incluía recursos en el Comité de Ministros (Estudios de Impacto Ambiental, EIA) y en la Dirección Ejecutiva del SEA (Declaraciones de Impacto Ambiental, DIA). Dicha meta se cumplió antes de los 90 días que era el plazo para ejecutar la medida.
Mientras, en paralelo, el Comité de Ministros ha sesionado ocho veces bajo el nuevo gobierno y ya ha revisado US$ 11.500 millones (solo EIA).
Destrabar inversiones ha sido la tónica, pero además, en sus primeros tres meses Farías tomó el timón de manera oficial impulsando cambios y tomando medidas, las que dan cuenta del sello que quiere impulsar.
La nueva administración busca aunar criterios en todas las direcciones regionales a lo largo del país aplicando matrices de la normativa ambiental.
Las metas de Farías
Al foco puesto en la evaluación ambiental y a que las respuestas a las reclamaciones se ajusten a los plazos legales, el abogado se impuso bajar los plazos de evaluación, pero con el objetivo de mantener un alto estándar técnico. Como ha sostenido públicamente, se propone una reducción de plazo en un 30% para los EIA y las DIA ingresados durante la actual administración.
Consultados por el estado actual de dicho compromiso, desde el SEA sostienen que, en el caso de las DIA, ya ha mejorado el plazo. Precisan que bajó de cerca de 400 días promedio en 2025, a 373 en 2026.
En el caso de los EIA, explican, el ejercicio es más complejo, ya que al ser menos y con más larga evaluación, existen proyectos que llevan muchos años y distorsionan el promedio. Este año, por ejemplo, se terminó la evaluación de dos EIA que tenían una larga data de tramitación: Puerto Exterior San Antonio, con 2.209 días de tramitación, y Terminal Cerros de Valparaíso, que fue aprobado en 4.177 días.
Pero hay más. Farías se impuso que los Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara) -donde el SEA plantea las preguntas y observaciones de los servicios públicos- y adendas -el documento donde los titulares de proyectos responden y/o ajustan su iniciativa a partir de lo observado- sean extraordinarias. De esta manera, la regla general no puede ser la iteración.
"Esto implica un cambio de paradigma, ya que requiere que los titulares ingresen proyectos sólidos y, al mismo tiempo, que el SEA sea capaz de hacer nuestro trabajo de manera eficiente, pero dando cumplimiento a la ley vigente", explican desde la entidad respecto a la medida.
En este punto destaca el proyecto “Mejoramiento de la Fibra Óptica del Proyecto Sistema de Transmisión 500 KV Mejillones Cardones”, de Transmisora Eléctrica del Norte, de US$ 2,5 millones, el cual logró luz verde con una adenda y el 15 de julio se aprobó en la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta. En total, la DIA se tramitó en 182 días totales.
También está la obra "Sistema de impulsión de agua para uso industrial desde Depósito de Relaves Ovejería a Planta Concentradora de División Andina" de Codelco, con una inversión de US$ 650 millones, cuyo Informe Consolidado de Evaluación (ICE) acaba de ser publicado en apenas 611 días, la mitad del promedio de evaluación. En este caso, se realizó el ICE con dos adendas y no fue necesaria una tercera. Y, al tratarse de un proyecto interregional, será calificado próximamente por el director ejecutivo.
Bajo su gestión como director del SEA de la Región Metropolitana, Farías revisó 400 proyectos, acelerando la evaluación de proyectos emblemáticos como líneas de Metro.
Las guías
Un punto clave es que el nuevo timonel del SEA no ha generado nuevos documentos como criterios ni guías de evaluación. Esto es especialmente sensible para el sector privado que ha cuestionado la publicación continua de guías. De hecho, en mayo del año pasado la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) solicitó a Contraloría que se pronunciara respecto de la legalidad de esos instrumentos. La máxima cúpula empresarial del país ha advertido alza significativa de estos en los últimos cuatro años.
"Esto no se encuentra dentro de las líneas de trabajo del SEA, por cuanto nuestro enfoque es la evaluación ambiental y no la publicación de nuevos instrumentos", sentencian desde el SEA sobre este punto.
En las definiciones de Farías está también la actuación como un solo SEA a nivel nacional a través del levantamiento de criterios y líneas de acción en todo el país, para todas las direcciones regionales.
Ajustes internos
A nivel interno, también hay ajustes, de la mano de una redistribución de tareas y nuevas jefaturas. Se realizaron cambios de director (a) en cuatro direcciones regionales: Atacama, Tarapacá, Araucanía y Aysén. En este punto no se renovaron cargos asumidos por Alta Dirección Pública (ADP) o, en definitiva, se solicitaron renuncias. Y, además, hubo cambios en la jefatura de la división de Administración y Finanzas.
Asimismo, se ha debido resolver cupos vacantes desde la administración pasada, en la que la mayoría de las nuevas incorporaciones son exfuncionarios con trayectorias en el SEA que están entre los cinco y 10 años. En este caso, se trata de roles como -por ejemplo- jefes de departamento.
Entre los principales logros de Farías, desde el SEA destacan que, entre el 1 de abril y el 30 de junio, se consiguió la aprobación del mayor monto de la historia de un trimestre desde que existe registro en el SEIA. Añaden que mayo fue el mes de mayor aprobación ambiental de la historia del SEIA.
Y, junto con las metas ya trazadas, se busca -adelantan desde el SEA- eficiencia en la evaluación con foco en la coordinación interinstitucional. Esto, generando mesas de trabajo para dilucidar nudos en las tramitaciones. Y también unificar criterios de todas las regiones aplicando matrices de normativa ambientales aplicables.
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