La operadora chilena de telefonía IP, Sociedad de Telecomunicaciones y Servicios, más conocida como VozDigital, presentó este martes una ofensiva en contra de Telefónica Chile y Telefónica Móviles Chile ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
La firma acusa una presunta “explotación abusiva” de parte de la telco adquirida en febrero por Millicom, de su posición como única compradora posible de su servicio de terminación de llamadas.
Ambas empresas se relacionan así: cuando un cliente de Movistar llama a un cliente de VozDigital, Movistar le paga a VozDigital un cargo de acceso por terminar esa llamada. En este contexto, la operadora –representada por su CEO, Pablo Pombo– acusó que Movistar paga una tarifa “artificialmente reducida” (de $1,67 por minuto, en promedio) y “discriminatoria” respecto de la que paga a otros operadores equivalentes, como Redvoiss ($ 9).
Según se lee en el escrito, en enero de 2016, cuando VozDigital era un “actor incipiente que necesitaba imperiosamente interconectarse para comenzar a operar”, la firma suscribió con Movistar tres contratos que –apuntó– “no fueron fruto de una negociación entre partes iguales”, sino que impuestos bajo la premisa de “lo tomas o no te interconectas”.
Esos contratos, la operadora alegó que la obligan a recibir tarifas muy por debajo de los precios que rigen en el mercado. Esto, añadió, a pesar de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ha dicho que las concesionarias de voz sobre internet tienen libertad tarifaria y que sus cargos deben acordarse entre las partes.
La empresa relató que en 2021 intentó renegociar con la telco y rebajó su propuesta tarifaria a $ 8, a lo que Movistar ofreció cerca de $ 5, como un esfuerzo "para dar por cerrado este tema". En respuesta, sin embargo, VozDigital explicó que rechazó la oferta puesto “ni siquiera se explicaba” el nuevo valor propuesto. Desde entonces, alegó, “Movistar ha cerrado la puerta a negociar”.
VozDigital calculó que, entre mayo de 2021 y julio de 2026, Movistar se ahorró $ 469 millones por esta conducta. Por lo mismo, pidió al TDLC una multa a beneficio fiscal del doble de ese monto: unos $ 939 millones. Además, la proveedora solicitó que se ordene a la compañía negociar de buena fe, con parámetros objetivos y sin discriminar entre operadores.