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Publicado: Miércoles 11 de diciembre de 2013 a las 15:32 hrs.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la demanda presentada por AFP Habitat en contra de quienes resulten responsables por el delito de uso de información privilegiada en el marco del caso Cascadas.
"Reuniendo la querella deducida los requisitos del artículo 113 del Código Procesal Penal, decláresela admisible y remítase al Ministerio Público para su investigación", señala la resolución del tribunal.
La querella se produce en medio del análisis que estarían realizando los inversionistas institucionales para emprender acciones legales de la misma naturaleza en el caso que concentra todas las miradas del mundo financiero local.
El esquema que identificó la SVS en la investigación del Caso Cascadas y el rol que habrían jugado cada uno de los involucrados, según la formulación de cargos, permitirían sustentar un caso con argumentos suficientes para que se incluya el delito por uso de información privilegiada.
A esta conclusión habrían llegado los accionistas institucionales luego de analizar en detalle el contenido de la investigación del regulador, por lo que evalúan seriamente recurrir a este organismo para solicitar que los cargos se amplíen a dicha figura.
De hecho, quienes conocen el proceso que está llevando adelante la SVS aseguran que el regulador habría analizado la posibilidad de agregar cargos por esta infracción a la Ley de Mercado de Valores, pero que tras un análisis legal de la alternativa se habría descartado.
Pero también se evalúa la posibilidad de ir en paralelo a la Justicia con esta nueva arista. Según cercanos a los institucionales, la forma en que funciona el esquema denunciado por la Superintendencia es prueba suficiente para establecer que al menos Julio Ponce habría tenido un rol en las transacciones denunciadas que configura la existencia de este delito.
En el Ciclo 2026 de Conversaciones Entre Códigos, los abogados Paola Cifuentes y Rodrigo Guzmán también participaron en el panel que analizó el nuevo mapa regulatorio que se configura en materia ambiental.
Un levantamiento de Buk muestra que incluso entre las compañías de 200 o más trabajadores, que estarán obligadas a reportar indicadores, prácticamente la mitad nunca ha realizado el ejercicio.
Tribunal de Contratación Pública dijo que “se vulneraron las reglas que disciplinaban el procedimiento licitatorio y, consecuencialmente, el principio de igualdad entre los oferentes”.
Centro de salud mental y la unidad de terapia celular, forman parte de un plan de inversiones por US$ 13 millones, que también incluye un área para la atención de adultos mayores.