A cinco días de la cadena nacional del miércoles 30 de septiembre, cuando el Presidente de la República José Antonio Kast dio a conocer los detalles del proyecto de ley de Presupuestos 2027, la iniciativa legal ingresó formalmente a la Cámara de Diputados la tarde de este lunes. Tras este paso, comienza a regir el plazo constitucional de 60 días de corrido para que el erario fiscal sea tramitado por el Congreso.
El mensaje presidencial -que incluye instrucciones, cuantificaciones de nivel de endeudamiento y los niveles de ingresos y gastos para el sector público- comprende unas 72 páginas, siete más que el proyecto presentado hace un año por la administración de Gabriel Boric.
Según la revisión de las 33 partidas presupuestarias, la mayor cantidad de recursos se concentra en la cartera de Salud, seguida de Educación y Trabajo (ver tabla).
Asimismo, una diferencia respecto al erario anterior es que se aumenta de forma relevante el techo de autorización de endeudamiento que el jefe de Estado le solicita al Congreso, fijándolo en hasta US$ 25.000 millones para 2027.
Este monto dista de los US$ 17.400 millones que solicitó la administración anterior en su último Presupuesto y que se está ejecutando este año, pero que luego en junio de este año Kast suplementó -vía un proyecto de ley que ingresó el día de su cuenta pública el 1 de junio- en US$ 6.200 millones, con lo que el tope de la deuda hoy vigente se ubica en hasta US$ 23.600 millones.
De acuerdo con lo explicado por Kast en ese momento, la mayor necesidad de deuda se derivaba de la profundización del déficit fiscal que se había proyectado cuando se hizo la ley de Presupuestos el año pasado, monto que aumentó en US$ 3.800 millones las necesidades, US$ 900 millones por efecto de tipo cambio y US$ 1.500 millones en compromisos ineludibles de pago reflejados en el nivel de deuda flotante, “que es alarmantemente elevado y el bajo nivel de caja”, dijo a mediados de este año.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue consultado este lunes en el Congreso respecto a las razones de incrementar el techo para el próximo ejercicio: “El aumento de deuda surge de un cálculo relativamente sencillo. Hay que primero pagar deudas anteriores; y, después, hay que suplir el déficit más el gasto bajo la línea. Y eso es”.
Las otras novedades: déficit estructural y ajuste a traspasos de contratas
En el mensaje y en el articulado del proyecto, el mandatario entrega varias señales respecto del contenido del Presupuesto, el primero que elabora su administración.
Por ejemplo, anticipa que el déficit estructural de las arcas fiscales será mayor que el proyectado para este año, situándolo en 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto implica dos décimas por sobre la proyección más reciente realizada en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo trimestre.
Sin embargo, esto no implica que el Ejecutivo flexibilice su meta de déficit estructural del próximo año, ya que Kast en el mensaje ratifica que se reducirá en un punto a 1,8% del Producto en 2027.
Este es el mismo compromiso que incorpora el decreto de política fiscal dictado por el ministro Quiroz antes de que el gobierno cumpliera sus primeros 90 días, a inicios de junio.
“EI Presupuesto es responsablefiscalmente. La responsabilidad fiscal exige que cada decisión de gasto cuente con un financiamiento sostenible en el tiempo”, dice el mensaje presidencial.
Por ello, agrega que “este Presupuesto combina planificación de mediano plazo, una revisión exigente de las prioridades y el uso de evidencia para asignar mejor los recursos públicos. De esta forma, el Presupuesto 2027 no es un ejercicio aislado, sino que se inserta en un marco fiscal que busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo”.
Clave en este contexto es la fuerte reducción en los cupos de traspaso de trabajadores públicos desde el régimen de honorarios a la contrata, pasando de 6.500 cupos autorizados en el Presupuesto de este año, a 1.500 el próximo. Esto es equivalente a una caída de 76,9% entre ambos erarios.
Nuevas plataformas y control del gasto
El Presupuesto, tal como lo habían adelantado Quiroz y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, trae como una de las novedades que el sector público no solo deberá proyectar sus necesidades de gastos e ingresos para el próximo año, sino que incorporar una planificación a cinco años plazo, entre 2027 y 2031.
Otro hito es que se establece una nueva plataforma conjunta entre el Congreso y la Dirección de Presupuestos (Dipres) para procesar la información presupuestaria, la que deberá estar disponible para el público a más tardar el 31 de julio de 2027.
Una modificación relevante que trae el proyecto es que los ministerios y servicios públicos no podrán realizar celebraciones generales ni de aniversarios que impliquen desembolsar gasto fiscal, con excepción de las embajadas y consulados en el extranjero para la conmemoración del día de la independencia nacional y de aquellos organismos que celebren su primer centenario.
También se ratifican las limitaciones para las comisiones en servicio en Chile y el extranjero a las que sean “imprescindibles” para el cumplimiento de las tareas institucionales, especialmente aquellas en el extranjero, las que no podrán exceder de dos personas por actividad.
Mayor control de las licencias médicas fraudulentas
Finalmente, otro cambio de peso que traen las instrucciones del Presupuesto se relacionan con las licencias médicas, ya que se crea un sistema de reporte a la Dipres sobre procedimientos disciplinarios por uso indebido de licencias médicas, con información detallada y reporte posterior consolidado.
En específico, a más tardar el 15 de enero de 2027, los jefes superiores de servicio de las subsecretarías y de los servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos, deberán informar a la Dipres sobre los procedimientos disciplinarios instruidos por uso indebido de licencias médicas, desde mayo del 2025 y con información actualizada al 31 de diciembre del 2026.
Cambios en las reglas para regiones
El artículo 13 trae un ajuste también para las arcas de las regiones del país, ya que modifica las reglas actuales que distribuyen los recursos por la venta de inmuebles fiscales, justo en momentos en que el Ejecutivo trabaja un plan para enajenar miles de activos ilíquidos para, en parte, destinarlos a recomponer los fondos soberanos.
En el Presupuesto 2026, se estableció que cuando el Estado vende un inmueble fiscal, el 65% de lo recaudado corresponde al Gobierno Regional (GORE) respectivo, un 10% a Bienes Nacionales y el 25% restante al Fisco.
En cambio, en el Presupuesto 2027 se fija que 35% quedaría en manos del GORE y el otro 65% iría directamente al Fisco.
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Sebastian Valdenegro
