La justicia laboral está al límite. En apenas cinco años, los ingresos de causas a los juzgados laborales prácticamente se triplicaron, pasando de 35.450 en 2021 a 112.083 en 2025.
En paralelo, las demandas por despido injustificado crecieron 262%, hasta 64.287 ingresos, lo que equivale al 57,4% del total y evidencia que este tipo de controversias se ha consolidado como el principal motor de la litigación.
Las cifras, que forman parte de un análisis elaborado por Libertad y Desarrollo (LyD) sobre la base de datos del Observatorio Judicial, coinciden con un escenario especialmente complejo para el mercado laboral: una tasa de desempleo sobre el 9%, menor creación de empleo formal y mayores costos de contratación derivados de distintos cambios regulatorios, según advierten analistas.
Las razones tras el fenómeno
A la hora de indagar en las razones, distintos especialistas concordaron en que el fenómeno de la judicialización laboral responde a múltiples factores y, por lo mismo, añadieron que difícilmente puede explicarse por una sola causa.
Para Cristóbal Raby, socio de Prieto Abogados, el deterioro del mercado laboral explica parte importante del aumento, aunque no toda la historia. Como primer punto, mencionó que, si bien entre 2020 y principios de 2021 fue una época crítica como consecuencia de la pandemia, muchos despidos se vieron congelados debido a distintas iniciativas legales, como la ley que permitió la suspensión de los contratos de trabajo.
“Cuando se agotaron esas posibilidades, se dispararon los despidos en los años venideros, con el correspondiente aumento de demandas”, afirmó.
No obstante, hay más. El abogado sostuvo que el crecimiento de la litigación también responde a errores de las empresas al justificar desvinculaciones, la expansión de un “verdadero mercado de judicialización” y una percepción cada vez más extendida entre los trabajadores de que siempre existe la posibilidad de obtener algún beneficio económico al acudir a tribunales.
“Hay una concepción de que ‘algo voy a sacar’ si demando en tribunales. Esa es una realidad que vemos todos los días”, expuso Raby, quien agregó que, al no existir prácticamente costos para litigar, “el número de demandas laborales solo va a seguir subiendo”.
Una mirada distinta aportó Ignacia López, socia de Parga Montes Vasseur & López Laborales. Si bien la abogada reconoció que el debilitamiento del mercado laboral ha incidido en la conflictividad, puso el foco en el profundo cambio regulatorio que ha experimentado el mundo del trabajo durante los últimos años.
“Se ha aprobado un volumen de leyes laborales que, si bien buscan proteger al trabajador, han generado un aumento relevante de la conflictividad laboral”, manifestó.
Entre ellas, apuntó a la implementación del finiquito electrónico, la reducción de la jornada a 40 horas, la Ley Karin, la Ley de Conciliación Laboral y la reforma previsional, además de los dictámenes administrativos y reglamentos que ampliaron las obligaciones para los empleadores.
En ese contexto, López advirtió que la ampliación del catálogo de derechos laborales también elevó las expectativas respecto de lo que un trabajador podría obtener mediante un reclamo judicial.
A su juicio, para muchas empresas, cumplir simultáneamente con todas las nuevas obligaciones se ha traducido en un desafío importante, dado el contexto de bajo crecimiento del producto interno bruto (PIB).
Para este año, de hecho, las proyecciones se han ido moderando desde niveles de 2% o más a uno más cercano al 1%.
Desde una perspectiva económica, Exequiel Cáceres, investigador de LyD, coincidió en que el fenómeno responde a varios factores, aunque consideró que uno de los más relevantes es la percepción de que acudir a tribunales puede terminar siendo favorable para los trabajadores.
“Todos los factores mencionados inciden, pero la mayor expectativa de obtener un resultado favorable probablemente ha sido más importante”, señaló.
El economista recordó que el 57% de las causas concluye mediante acuerdos entre las partes, sin llegar a sentencia, situación que también puede fortalecer el poder negociador de quien demanda.Tercer juzgado laboral
Aunque el estudio de LyD dedicó parte importante de su análisis a los despidos por necesidades de la empresa —causal en la que más del 80% de las demandas que llegan a sentencia terminan siendo acogidas—, los expertos consultados coincidieron en que ese fenómeno debe entenderse dentro de un problema más amplio: el incremento sostenido de la litigiosidad laboral y la creciente presión sobre los tribunales.
Precisamente, esa sobrecarga fue uno de los argumentos que impulsó la reciente aprobación del proyecto que crea un tercer Juzgado de Letras del Trabajo en Santiago y aumenta la dotación de jueces en otras jurisdicciones del país.
Las expectativas, sin embargo, son moderadas.
“Sin duda, va a significar un alivio, pero solo momentáneo, porque el aumento sostenido de demandas laborales lo hará colapsar rápidamente”, opinó Raby.
López compartió que la nueva judicatura ayudará a reducir la carga de trabajo de los magistrados y acortar la distancia entre las audiencias y los fallos, favoreciendo el principio de inmediación.
Sin embargo, expresó que “no resuelve el problema de fondo, que es el aumento alarmante de judicialización de las relaciones laborales”, una tendencia que, a su juicio, debe analizarse junto con un mercado laboral que hoy exhibe desempleo sobre el 9%, desocupación femenina superior al 10% e informalidad por sobre el 27%.
Cáceres, por su lado, agregó que, desde el punto de vista de fortalecer el mercado laboral, la creación de un tercer juzgado laboral es algo “de segundo orden”.
Desde su perspectiva, los juzgados se han sobrecargado por el aumento de litigios, “pero esto es un resultado de una legislación laboral crecientemente rígida que lo incentiva. Es ese aspecto el que debemos reformar adecuadamente. En ese sentido, el recargo de entre 30% y 100% a la indemnización por años de servicio para despidos injustificados es un aspecto central a revisar”.
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Carolina León
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