La posibilidad de avanzar en fórmulas de mayor flexibilidad laboral abrió un espacio de acercamiento entre representantes empresariales y sindicales, aunque con diferencias importantes respecto de hasta dónde debieran llegar los cambios.
El debate se dio durante el segundo seminario Trabajo 3x3 de Sofofa, dedicado a la regulación proempleo, que reunió a la presidenta del gremio, Rosario Navarro; los presidentes de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), Ricardo Maldonado, y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Abraham Armijo; la presidenta de la Mesa Laboral de Sofofa y directora de Ultramar, Alejandra Mehech; y el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo.
Una de las señales la entregó Armijo, quien planteó que la magnitud del desempleo obliga también al sindicalismo a mirar la situación de quienes están fuera del mercado laboral.
“Creemos que puede ser plausible en el sector del turismo, pero no para todos los trabajadores”, dijo el presidente de la CAT, Ricardo Maldonado, sobre los cambios a las 40 horas.
“Nosotros, los dirigentes sindicales, tenemos la tendencia a mirar y observar el mundo del trabajo desde nuestros representados, en las personas que están empleadas”, reconoció, agregando que “nos cuesta mirar desde la otra perspectiva del que no le llega el pan a la mesa”.
Al abordar posibles modificaciones a la jornada, el dirigente de la UNT manifestó que “la disposición de conversar respecto a eso está”, afirmó. A su juicio, la flexibilidad debía analizarse con “mirada de futuro” ante los desafíos tecnológicos y de la inteligencia artificial.
Desde la CAT, Maldonado mantuvo una posición más crítica frente a una flexibilización general, pero también abrió espacio a fórmulas sectoriales. “Creemos que puede ser plausible en el sector del turismo, pero no para todos los trabajadores”, sostuvo respecto de cambios en la distribución de la jornada.
Por el lado empresarial, Mehech planteó que “la flexibilidad no es para el empresario, la flexibilidad es para la persona”, y defendió avanzar en contratos por hora y protecciones laborales portables.
Bravo, por su lado, sostuvo que Chile debía ampliar el período utilizado para promediar la jornada desde las actuales cuatro semanas hacia unas 15 o 16 semanas, en línea con otros países de la OCDE.
En su opinión, uno de los problemas es que “el Código del Trabajo es un traje de una sola medida”, pese a las diferencias entre empresas grandes y pequeñas.
Navarro, por su lado, enmarcó la discusión en la necesidad de una regulación que mantenga las protecciones, pero amplíe las posibilidades de acceder al empleo formal. “La flexibilidad y la precariedad no son lo mismo”, afirmó, enfatizando que cualquier cambio debía contemplar derechos laborales, descansos, anticipación de horarios, ingresos previsibles y fiscalización.
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Carolina León
