Ad portas del segundo aniversario de la Ley Karin, iniciativa que buscó neutralizar el maltratato en el ambiente laboral, el gobierno alista los últimos detalles del reglamento que pretende corregir problemas detectados en su implementación.
No se trata de una “corrección”, dijo el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, sino que de afrontar ciertos inconvenientes identificados en el diálogo con trabajadores, empleadores, mutualidades, especialistas y en el Consejo Superior Laboral.
“Detectamos procedimientos excesivamente rígidos, burocracia que retrasaba medidas de protección, dificultades para distinguir cuándo un caso correspondía realmente a la ley y reglas que generaban incertidumbre respecto de quién debía investigar”, señaló.
El objetivo, precisó, es lograr “un sistema más claro, más ágil y oportuno”, puesto que cree que la legislación es “muy buena”, tiene “un espíritu impecable”, pero que ha sido “muy mal implementada”.
- Ha trascendido que se incorporará un mecanismo para “clasificar las denuncias”, ya que en la práctica muchas no corresponden a acoso y maltrato. ¿Qué se hará?
- La ley actual no contempla una etapa de admisibilidad y el reglamento no puede crear una institución que no establece. Lo que estamos haciendo es incorporar otras herramientas para que aquellos conflictos que no corresponden a materias de la Ley Karin puedan canalizarse adecuadamente, favoreciendo soluciones distintas que sean oportunas, y evitar utilizar un procedimiento que fue diseñado con un objetivo distinto. No se restringirá el acceso al sistema ni se crearán nuevas barreras para denunciar.
- ¿No se desecharán las denuncias que correspondan a otras materias?
- No. Si una persona denuncia un hecho que no corresponde a acoso, violencia o acoso sexual, se le sugerirá otro procedimiento, pero solo si está de acuerdo. La decisión final sigue estando en manos del denunciante.
- ¿Cómo esperan que esto impacte a la Dirección del Trabajo y a las empresas, que han visto el alza de denuncias?
- Uno de los objetivos principales es disminuir la alta carga administrativa que hoy enfrentan tanto las empresas como la Dirección del Trabajo. Si una persona debe esperar ocho, nueve o 10 meses por una respuesta, la protección deja de ser eficaz. Queremos eliminar formalidades que consumen tiempo y recursos que no aportan a una mejor investigación ni a una mayor protección de las personas.
“No se crearán nuevas barreras para denunciar. Lo que estamos haciendo es incorporar otras herramientas para que aquellos conflictos que no corresponden a materias de la Ley Karin puedan canalizarse adecuadamente”.
- Otro tema que se comenta en el mundo laboral dice relación con las denuncias falsas. Sobre esto, ¿se han evaluado cambios?
- Sí, tenemos considerado incorporar algunos cambios en ese sentido, pero con mucha responsabilidad, porque no queremos enviar una señal que inhiba a una persona -que efectivamente ha sido víctima de acoso o violencia- de ejercer su derecho a denunciar.
Al mismo tiempo, todo procedimiento serio tiene que contar con herramientas para enfrentar posibles usos indebidos o derechamente dolosos. Por eso, incorporaremos reglas más claras, especialmente fortaleciendo los reglamentos internos para aquellos casos excepcionales en que se acredite una utilización maliciosa del sistema.
Esto es para casos de uso indebido, porque puede haber una situación denunciada -cuya investigación esté muy justificada-, pero que al final se llegue a la conclusión de que no hay acoso. Eso no será una denuncia falsa, para nada.
- Esto significa que cuando las denuncias sean falsas, ¿habrá sanciones como amonestaciones, multas en dinero?
- No estamos innovando en las sanciones. El Código del Trabajo ya establece herramientas. Si una investigación acredita un uso malicioso, el empleador podrá aplicar las medidas previstas en su reglamento interno, desde una amonestación verbal o escrita; hasta, en los casos más graves, un despido.
Lo importante es distinguir que una denuncia desestimada no equivale automáticamente a una denuncia falsa.
- Usted ha planteado que el foco debe volver a la prevención…
- Ese fue el principal cambio de paradigma de la Ley Karin. Más que sancionar el acoso, busca evitarlo (...) Por eso, debemos fortalecer la capacitación de empleadores, trabajadores, jefaturas e investigadores y promover culturas organizacionales basadas en el respeto y la gestión temprana de los conflictos.
- Es probable que el nuevo reglamento genere críticas, ¿qué mensaje quiere transmitir sobre él?
- Estas modificaciones no buscan disminuir la protección, sino hacerla más efectiva. No hay peor escenario para una víctima que un sistema lento, confuso y excesivamente burocrático. Una protección que llega tarde, deja de ser una protección eficaz. Este nuevo reglamento mantiene intacto el espíritu de la ley y busca que las medidas de protección sean más oportunas, que las investigaciones funcionen mejor y que trabajadores y empleadores tengan reglas más claras.
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