Preocupados por la transparencia y competencia del sistema de AFP están los asesores del Ministerio de Hacienda, que lideran el debate técnico y político que debería concluir con una reforma al sistema de pensiones.
Y para corregir algunas falencias, el grupo de expertos integrado también por asesores de los ministerios del Trabajo, Desarrollo Social, Economía, de la Mujer, la Segpres, de la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuestos, y encabezado por la coordinadora de Políticas Sociales de Hacienda, Paula Benavides, formuló una serie de propuestas para mejorar los procesos de licitación de nuevos afiliados y el cobro de comisiones por administración de los fondos, a través de un documento.
Estas sugerencias fueron analizadas ayer en Teatinos 120 por los representantes de los partidos políticos que están convocados para alcanzar un acuerdo nacional en la materia.
El diagnóstico del gobierno es que “el proceso de licitación de nuevos afiliados ha sido exitoso en reducir la comisión promedio que cobra la industria”, aunque “el nivel de traspaso de afiliados antiguos a la AFP más barata no ha sido masivo”, a lo que se suma que de las AFP ganadoras de la licitación, sólo una del sistema disminuyó sus comisiones de manera voluntaria.
Otras conclusiones son que “respecto de las comisiones de intermediación, debido a que es difícil estar especializado en todas las clases de activos y estrategias posibles, se observa que es bastante común que los inversionistas institucionales deleguen partes de sus carteras” y que “la falta de conocimiento respecto de los costos involucrados en la administración de las inversiones puede restar transparencia y competencia en el sistema para los afiliados”.
Así, sostiene el texto, “se deben buscar mecanismos para introducir mayor competencia al sistema, reducir y transparentar los costos de administración y generar incentivos mejor alineados para obtener un adecuado desempeño de los fondos”.
Otros dos objetivos son “velar porque la utilización de vehículos de inversión se realice teniendo como única consideración entregar el mayor retorno neto ajustado por riesgo” e implementar una regulación que “propicie una gestión eficiente en costos de la inversión indirecta y que no genere incentivos perversos que puedan perjudicar al afiliado, como disminuciones de rentabilidad de largo plazo o pérdida de diversificación”.
Una de las propuestas es incrementar la competencia en el sistema, fortaleciendo el mecanismo de licitación de afiliados, aumentando el período en que los afiliados se licitan a 4 años y manteniendo la obligación de permanecer en la AFP licitada sólo por los 2 primeros años, lo que haría más atractiva la licitación, con un mayor volumen de afiliados y disminuyendo las barreras de entrada.
También, “se podría incluir una parte del stock de afiliados (entre 1 y 5%, por ejemplo) elegido aleatoriamente con opción de salirse (antes que se lleve a cabo la licitación) y generar un mecanismo para que aquellos afiliados que quisieran voluntariamente inscribirse en la licitación, puedan hacerlo antes de llevar a cabo el proceso”.
Cobro de comisiones y otros temas
El cobro de comisiones contaría, sugiere el gobierno, con un esquema de premios y castigos en torno a un benchmark, con una banda de rentabilidad para las administradoras, que cobrarían y devolverían un porcentaje diferencial de retorno respecto del punto de referencia.
Actualmente, la comisión promedio del sistema de pensiones alcanza el 1,26% del sueldo imponible de los trabajadores.
Otras de las propuestas en el documento son incorporar en las políticas de inversión y solución de conflictos de interés que deben tener las AFP los criterios de selección de los administradores de activos o vehículos de inversión.
A esto se le agrega el establecer un informe anual de las AFP, para cada uno de sus fondos de pensiones, en relación a los costos de intermediación incurridos durante dicho período, el que sería remitido a la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, a cada uno de sus afiliados por medios electrónicos, a la Superintendencia e informados en los sitios electrónicos de la AFP.
Otra idea es agregar en la información de comisiones que se remite al afiliado junto a la cartola cuatrimestral, una comisión por cotización equivalente que incorpore los costos de intermediación. También, se plantea “asegurar” que una “pequeña parte” de la comisión de intermediación sea asumida por la AFP.
Respecto a la oferta de las gestoras, una opción que baraja el Ejecutivo es prohibir los servicios complementarios no remunerados otorgados a las AFP o sus ejecutivos por los administradores de activos, “además de la contratación de administradores de activos que tengan alguna vinculación con la AFP o su grupo empresarial, o los ejecutivos principales de cualquiera de estas sociedades, que pueda generar un potencial conflicto de interés”.
También, propone el grupo de expertos, se establecerá que una “pequeña parte” de la comisión de intermediación sea asumida por las AFP, con un esquema similar al del encaje.
Asistentes al encuentro en el Ministerio de Hacienda comentaron que ayer inició la discusión de uno de los temas más sensibles de la eventual reforma previsional: el destino del 5% de cotización con cargo al empleador.
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AFP
