Desde las 10:30 de este martes el Senado conocerá la acusación constitucional en contra del exministro de Economía y Hacienda Nicolás Grau, donde esta corporación actuará como jurado y cuyo resultado es incierto. Ello luego que el martes 23 de junio, la Cámara de Diputados aprobara por estrecho margen el libelo del Partido Nacional Libertario (PNL) y respaldado por el Partido Republicano (PR).
Esto, no sin debate al interior del propio oficialismo, que se dividió respecto de la utilidad del uso de esta herramienta, algo que han criticado importantes figuras políticas incluso del oficialismo y que llevó a un grupo de 30 abogados a suscribir una carta en la que explican los efectos que el mal uso de este mecanismo fiscalizador tiene para la institucionalidad y la democracia.
A partir de las 10:30 de este martes se iniciará el proceso en el Senado con la relación que estará a cargo del secretario general de la corporación, que tiene una extensión de 30 minutos; luego, hasta por sesenta minutos, los senadores escucharán a los miembros de la comisión designada por la Cámara para formalizar la acusación en el Senado: Pier Karlezi (PNL), Benjamín Moreno (PR) y Paulina Muñoz (PNL).
A continuación, tomará la palabra la defensa del acusado, abogado Patricio Zapata, por sesenta minutos. Tras lo cual los diputados acusadores realizarán la réplica y, posteriormente, la defensa podrá hacer su dúplica, para lo que cada parte contará con treinta minutos. Tras esta etapa se suspendería la sesión para retomar a las 15:00 horas a fin de votar hasta total despacho.
En esta etapa, los senadores deberán fundamentar su voto respecto de los cuatro capítulos que contempla el libelo acusatorio, para lo cual cada parlamentario contará con cinco minutos. Terminados la fundamentación se pondrá en votación separada cada capítulo del libelo: haber infringido la Constitución y las leyes respecto de los deberes de probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública y en la gestión financiera del Estado; haber infringido la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, por vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado; haber vulnerado el principio de universalidad presupuestaria; y, de haber vulnerado el deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.
La “conciencia” de los actores políticos
La acusación constitucional contra Grau ha generado un fuerte debate acerca del uso político que se le estaría dando a esta herramienta fiscalizadora y los nocivos efectos que su empleo indiscriminado estaría generando a la institucionalidad y a la democracia. Eso, sin mencionar la espiral de acusaciones que podría generar la aprobación de la que discutirá hoy el Senado, que incluso podría llegar a afectar –con similares argumentos a la actual- al ministro de Hacienda Jorge Quiroz, tal como se ha deslizado desde la oposición.
A ello se debe que un grupo de 30 abogados haya suscrito una carta que hicieron pública con su opinión acerca de lo que ocurrirá esta jornada. De escasa dos carillas, la misiva que fue enviada a periodistas alerta acerca de que “los actores políticos deben tener conciencia de cómo sus acciones pueden incidir en la legitimidad y funcionamiento institucional” y que “cuando sus prácticas distorsionan las normas, la democracia y sus mecanismos se deterioran”.
Por lo que junto con sostener que nunca ha estado en discusión la facultad de la Cámara para usar este mecanismo, pero -aclara- “el supuesto central para que opere es que exista una falta concreta y verificada del orden constitucional, no las simples opiniones contingentes o las legítimas diferencias políticas que pueden existir”.
Es por eso que “miramos con preocupación la acusación constitucional presentada contra el exministro Grau. En este caso, los hechos imputados en el libelo -supuestos errores de proyección de deuda- han sido descartados por expertos de todos los sectores y disciplinas, y por el propio Consejo Fiscal Autónomo”, señalan e insisten en lo que han planteado mucho expertos que se han opuesta a esta acusación, en cuanto a que “las diferencias políticas, deben discutirse como tales y en el marco de la normativa fiscal vigente, pero no mediante una herramienta excepcional y de última ratio como la acusación constitucional”.
Los firmantes son:
- Felipe Agüero, politólogo, Universidad de Chile.
- Rodrigo Arellano, abogado, Universidad del Desarrollo.
- Cristóbal Bellolio, politólogo y abogado, Universidad Adolfo Ibáñez.
- Rossana Castiglioni, politóloga, Universidad Diego Portales.
- Isabel Castillo, politóloga, Universidad de Chile.
- Luis Cordero Vega, abogado, Universidad de Chile.
- Javier Couso, abogado, Universidad Diego Portales.
- Mireya Dávila, politóloga, Universidad de Chile.
- Gloria de la Fuente, politóloga, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Rodolfo Disi, politólogo, Universidad Adolfo Ibáñez.
- Sofía Donoso, politóloga, Universidad de Chile.
- Rodolfo Figueroa, abogado, Universidad Diego Portales.
- Jaime Gajardo, abogado, Universidad Diego Portales.
- William García, abogado, Universidad Diego Portales.
- Gonzalo García Pino, abogado, UAH, ex ministro del Tribunal Constitucional.
- Diego Gil, abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Claudia Heiss, politóloga, Universidad de Chile.
- Cecilia Ibarra, politóloga, Universidad de Chile.
- Hugo Jofré R., abogado,ex Presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política.
- Cristian Leyton N., politólogo, Universidad de O'Higgins.
- Macarena Lobos, abogada.
- Aldo Madariaga, politólogo, Universidad Diego Portales.
- Antoine Maillet, politólogo, Universidad de Chile.
- Tomás Mackenney, abogado.
- María Pía Martin, politóloga, Universidad de Chile.
- Rodrigo Medel, politólogo, Universidad de Chile.
- Jorge Navarrete, abogado.
- Alejandro Olivares L., politólogo, Universidad de Chile.
- Cecilia Osorio, politóloga, Universidad de Chile.
- Claudio Pérez, abogado.
- Marcela Ríos Tobar, politóloga.
- Javier Sajuria, abogado y politólogo, Queen Mary University of London.
- Claudia Sarmiento, abogada, Universidad Adolfo Ibáñez.
- Samuel Schorne, abogado, Universidad Adolfo Ibáñez.
- Verónica Undurraga, abogada, Universidad Adolfo Ibáñez.
- Elisa Walker, abogada, Universidad Adolfo Ibáñez.
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